Cuatro años de la Ley Antitrámites
La política de reducción de trámites tiene como base fundamental, la utilización de estrategias como el aumento de la vigencia de los documentos, la automatización de procesos, la reducción de documentos, tiempo de duración y requisitos, el aumento de puntos de servicio, la homologación de formularios, formularios en línea y reducción de costos; todos estos aspectos que han facilitado a la ciudadanía realizar las diferentes diligencias.
Por esta razón, hace cuatro años entró en vigencia la llamada Ley Antitrámites o Decreto Ley 019 de 2012, que ha permitido la racionalización de 514 trámites al interior de las entidades públicas del orden nacional y territorial, a través de mejoras sustanciales en los aspectos normativos, administrativos y tecnológicos de los trámites, que tienen mayor impacto en la ciudadanía.
Definitivamente. era una iniciativa que se necesitaba ya que la tramitomanía que estaba enquistada en las entidades públicas no permitía la celeridad en los procedimientos, tanto de las personas naturales como de los empresarios. Eso no quiere decir que todo está solucionado, pero fue un buen paso para modernizar la administración pública colombiana.
La cifra anterior se suma a los 713 trámites racionalizados previamente en la administración pública colombiana con la promulgación del Decreto Ley 2150 de 1995 y la Ley 962 de 2005, con lo cual se llega a un total 1227 trámites racionalizados hasta la fecha.
Vale la pena recordar que el Gobierno Nacional se comprometió, en agosto de 2015, a racionalizar 800 trámites externos e internos más para el año 2018, con lo que se facilitará la relación del Estado con los ciudadanos y el sector privado. Tal compromiso fue suscrito por el Presidente Juan Manuel Santos y la directora de la Función Pública, Liliana Caballero.
El Decreto Ley 019 de 2012 cuenta con 237 artículos que establecen principios generales y racionaliza trámites, procedimientos y regulaciones de tipo laboral, tributario, de seguridad social, de vivienda, de comercio, de transporte, de defensa y contratación estatal, entre otros.
Y desde su promulgación, generó la eliminación de procedimientos y regulaciones innecesarios para ciudadanos y empresarios, con el compromiso de simplificar los trámites regulados por decretos ordinarios en las entidades del orden nacional durante el primer semestre del 2012.
Adicionalmente, resolvió los vacíos existentes en materia de Administración Pública Electrónica, facilitando el ejercicio de derechos y el cumplimiento de deberes por medios electrónicos, lo cual mejoró el clima de negocios en Colombia y aumentó su atractivo para la inversión extranjera.
Aunque no está hecho todo en materia de disminución de trámites en las entidades públicas, los pasos que se han dado son importantes. Es primordial que el Gobierno Nacional y los territoriales continúen en ese proceso para continuar modernizando todas las dependencias del Estado, tanto el nivel central, como los departamentales y municipales.
