Crisis del petróleo: Contención y mitigación

Colombia durante la última década ha concentrado su desarrollo regional y nacional en los ingresos del sector minero energético. De ahí que la constante caída en el precio del petróleo signifique graves problemas de orden social, político, fiscal y, por supuesto, económico para el país. Si bien se habla de cifras y de proyecciones de crecimiento, lo cierto es que esta crisis afectará realmente el bolsillo y la estabilidad de los colombianos si el Gobierno, desde ya, no establece una estrategia de trabajo integral que mitigue sus efectos.

Esta situación, en primer lugar, pone en riesgo el empleo de las personas que se desempeñan en el sector. De acuerdo a información entregada por el Ministerio de Trabajo, se espera que 10.000 contratos sean terminados y que pequeñas empresas que realizan actividades relacionadas con la extracción de petróleo deban cerrar. 

En segundo lugar, teniendo en cuenta las cifras del DANE en las que se evidencian que las actividades del sector representan el 29% de los ingresos nacionales en la recaudación tributaria, la crisis implicará inevitablemente una desfinanciación de proyectos fundamentales trazados en el PND que van desde la educación e infraestructura hasta el soporte económico del posconflicto. 

Por la misma vía, el desplome de la cotización mundial del petróleo también afectará negativamente el crecimiento de la regiones pues los ingresos provenientes de las regalías, destinadas a proyectos de inversión de alto alcance para el desarrollo, disminuirán considerablemente.

El Gobierno aún está a tiempo de implementar estrategias que  mitiguen el impacto de la crisis. En materia de empleo, debe crear medidas de contención para que quienes se queden sin trabajo, además de que puedan ser vinculados prontamente en otras empresas, siempre sea garantizada su dignidad humana y su mínimo vital.

En cuanto a la financiación de proyectos, definitivamente tiene que establecer criterios que permitan priorizar la inversión estatal. Al respecto, los impuestos a la clase media y baja deberán ser descartados de plano. Tales medidas impondrían una carga adicional desproporcionada e injustificada.

Pero ante todo, el Gobierno Nacional debe ver esta crisis no desde la perspectiva fría de las cifras sino, por el contrario, desde una dimensión más humana que implique ponerse en los zapatos de las personas que, directa o indirectamente, se verán afectadas por la situación.