Control público
El control de la administración pública es un deber constitucional de todo colombiano, tanto que la misma Carta Política facultada a todas las personas para que denuncien a quienes atropellan el erario y se usufructúan ilícitamente de él.
Es claro advertir que en el ente que controla este tipo de conductas es la Procuraduría, quien permanentemente está vigilante de los funcionarios públicos que tienen el manejo de lo que se ha denominado ‘la cosa’ pública.
No se trata de arruinar los procesos administrativos y de crear una ‘tramitología’ en torno a las solicitudes más simples de los ciudadanos, pero sí de controlar el accionar de los funcionarios que tienen como esencia servirle a la comunidad.
El Huila no es ajeno a las investigaciones disciplinarias, ya hemos visto alcaldes, concejales y diputados concurriendo al Ministerio Público a dar explicaciones por sus conductas que han generado daños al patrimonio público.
Pues bien, según la Procuraduría de Garzón, Liliana Trujillo Pava, actual personera de Tarqui (Huila), por cerca de dos meses habría permitido que una persona particular desarrollara actividades laborales en forma estable, y cumpliendo horarios de trabajo, en la Personería Municipal.
Por su presunta responsabilidad en este caso el Ministerio Público le formuló pliego de cargos a la funcionaria. Al parecer, las labores ejecutadas se desarrollaron entre el 23 de octubre y el 31 de diciembre del 2010, hecho por el cual la personera municipal habría cancelado una remuneración mensual de 200 mil pesos. Ahora la posible falta disciplinaria fue calificada provisionalmente como grave, cometida a título de dolo.
Este caso que ya fue reseñado hasta por los medios nacionales, no solo incomoda a los afectados con el daño sino que envía un mal mensaje a todos los personeros del país, que en esencia deben velar por los derechos de todos los ciudadanos.
