Control de advertencia
Editorial
El Páramo de Miraflores se encuentra ubicado en la parte alta de la Cordillera Oriental en cuya área de influencia se encuentran los municipios de Algeciras, Gigante y Garzón en el departamento del Huila, que limitan con los municipios del centro y norte del Caquetá, donde nacen los principales afluentes hídricos que suministran el agua a los acueductos veredales y urbanos de estas localidades, dada la importancia del ecosistema estratégico por ser una de las principales reservas de este precioso líquido para la conservación y desarrollo productivo de sus habitantes. En el Congreso de la República, algunos parlamentarios huilenses han promovido en otrora, algunos debates sobre la degradación ambiental progresiva que ha venido sufriendo este ecosistema estratégico. Las políticas promovidas por el Ministerio del Medio Ambiente por haberle otorgado inicialmente la licencia ambiental a la empresa multinacional británica Emerald Energy para que explote en toda el área de influencia del mismo los yacimientos petroleros descubiertos, lo cual pone en alto riesgo las reservas acuíferas que posee este importante ecosistema estratégico para la población del Huila y Caquetá. A buena hora la Contraloría General de la República ha dictaminado un control de advertencia para que se cumpla en su totalidad el fallo de la Corte Constitucional que prohibió la explotación minera; igualmente formuló los hallazgos administrativos con posible incidencia disciplinaria, con respecto a la ANLA y a la Corporación Regional del Alto Magdalena – CAM, por dicho incumplimiento. Estas dependencias en su gran mayoría, no elaboraron los estudios sobre el estado actual de los páramos ni los respectivos planes de manejo ambiental. El Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible ha sido permisivo frente a este incumplimiento.
No hay derecho que desde las instancias nacionales se estén patrocinando a espaldas de las comunidades la degradación ambiental por los efectos nocivos que presentan esta clase de trabajos mineros y por la afectación a la producción agropecuaria que son el mayor soporte y despensa para la seguridad alimentaria de los mercados nacionales. La clase dirigente del Huila deben estar atentos a las decisiones que tomen las autoridades ambientales nacionales y regionales frente al otorgamiento de licencias ambientales para el desarrollo estas actividades petroleras en este páramo, al igual, de los demás proyectos de explotación minera que se desarrollen en este departamento, por los efectos negativos que generan al medio ambiente y que degradan la estabilidad social y económica de las comunidades huilenses. Consideramos que el gobierno departamental, parlamentarios y demás fuerzas vivas de la región deben respaldar la defensa justa que están emprendiendo los diferentes actores sociales, políticos y económicos en el departamento, porque se pone en peligro una de las principales fuentes de abastecimiento de agua que poseemos.
