Contrabando

Los años de cárcel por introducir mercancías superiores a 32 millones de pesos al mercado colombiano ya no serán de 3 a 5 sino de 4 a 8; comercializar gasolina en cantidades superiores a 80 galones dará como mínimo 8 años de cárcel, y los funcionarios públicos que faciliten el contrabando pagarán penas entre 8 y 16 años.

Esas son algunas de las sanciones que endureció la Ley Anticontrabando, noticia que generó molestias no solo en los Sanandresitos sino protestas de congresistas. ¿Será que debemos extrañarnos por ellos y reclamar más respeto para los ciudadanos que no comparten el contrabando?

Claro, aún hay senadores y representantes que por ostentar esta dignidad son propensos al ‘usted no sabe quién soy yo’, adueñándose de las verdades absolutas y de inmunidades que solo hacen parte de su imaginación.

Ya es hora de que reclamemos más legalidad, más cumplimiento de las normas y de un castigo severo a quienes atropellas lo reglamentado. Para nadie es un secreto que las pérdidas en el país son enormes cuando se incurre en el contrabando. Se cree que el tamaño está calculado por los 6000 millones de dólares.

Cuando se le preguntó esto al director de la DIAN, Santiago Rojas, dijo que era muy difícil fijar una cifra, porque se trata de una economía ilegal. “Es un cálculo que se ha hecho e implicaría una pérdida de 350.000 empleos y de ingresos fiscales por 2000 millones de dólares. No es posible querer producir, vender y generar empleo en Colombia compitiendo con alguien que trae la mercancía a precios muy bajos porque no le interesa el valor, sino el lavado de dinero”, dijo.

Recordemos que la DIAN lleva 2 billones de pesos obtenidos con la gestión de fiscalización. Esperan llegar a los 123 billones en recaudo bruto y 116,8 en neto. Es decir, es un trabajo permanente con resultados significativos que vale la pena tener en cuenta.

De modo que el mensaje que siempre debemos llevar a los ciudadanos es proteger la legalidad en las ventas de productos y castigar a quien pretende ser ilegal. Un país próspero es aquel que respeta la libre competencia, pero con garantías legales.