Consecuencias del triunfo del no

Lo primero es entonces establecer que no obstante haber sido precaria la diferencia de 60.000 votos, el sistema democrático vigente en nuestro Estado Social de Derecho indica con total claridad que un voto de diferencia otorga la legitimidad política y jurídica al vencedor. Por otra parte, conviene recordar el perentorio mandato del artículo tercero de la Carta según el cual, “ La soberanía reside exclusivamente en el pueblo, del cual emana el poder público. El pueblo la ejerce en forma directa o por medio de sus representantes, en los términos que la Constitución establece”. A su vez, el artículo cuarto prescribe que la Constitución es norma de normas y por consiguiente nada está sobre ella. Así que la legitimidad política del resultado tiene una primera consecuencia y ella es que el Acuerdo de Santos y Timochenko no nació a la vida jurídica, puesto que parece de perogullo pero dadas ciertas obstinaciones que niegan esta realidad, lo político determina lo jurídico, o dicho en otras palabras, el pacto social elevado a rango de Constitución permite el nacimiento del ordenamiento jurídico y legal al que deben someterse tanto las autoridades como los ciudadanos, sin excepción alguna.

Una segunda consecuencia no menos importante es que el resultado obliga al Presidente tal como sin duda lo señala la sentencia de la Corte, razón por la cual, Santos debe respetar el resultado, valorar las propuestas de quienes se opusieron al Acuerdo y renegociar el nuevo contenido  del mismo con las Farc, inclusive, podría acordar con ellos unos ajustes sustanciales en aras de no demorar demasiado una nueva negociación.

La tercera consecuencia consiste en que debe el Presidente terminar con los factores de polarización, dado que superado el debate electoral y con la investidura de Nobel de Paz, está obligado a convocar y liderar una auténtica unidad nacional pero no como factor político en sus relaciones con el Congreso, si no como auténtico Jefe de Estado que represente a todos los colombianos sin exclusiones, para que una vez firmado el nuevo Acuerdo, todos trabajemos por la consolidación de una paz verdadera y estable.

Una cuarta consecuencia, es que el Presidente tendrá que ajustar su gobernabilidad política en aras de renovar el gabinete ministerial para que los acuciantes problemas fiscales; la atención de la salud; la alimentación escolar; la política pública minero energética y ambiental no siga en el limbo; y en general el diseño y ejecución del llamado posconflicto se planifique en forma responsable puesto que de ello depende en gran medida la consolidación real de la paz.

Una quinta y muy imprescindible consecuencia, en la que deberían concurrir de manera responsable todos los sectores políticos, sociales, empresariales e institucionales, empujados por la fuerza de la sociedad civil, es sin duda alguna, la lucha frontal, franca, rigurosa y sistemática contra la maldita corrupción que carcome los cimientos de la frágil estructura institucional del Estado y amenaza en forma grave los valores y principios de nuestra sociedad. Es la hora de la grandeza y nos concita a todos por igual.