Consecuencias del fallo judicial contra la Usco

En la semana que culminó se conoció el texto de un fallo judicial proferido por el Consejo de Estado en noviembre de 2014, que afecta directamente el futuro financiero de la Universidad Surcolombiana.

Una acción de nulidad en contra del Decreto que fijó el Presupuesto de Rentas y Gastos del Departamento del Huila para la vigencia fiscal 2013, buscaba el reconocimiento de unos recursos económicos que, según el artículo 86 de la Ley 30 de 1992, serían obligación del Departamento del Huila asumir en favor de la Usco.

Mediante una interpretación gramatical y sistemática de los artículos 58, 59, 60 y 86 de la Ley 30 de 1992, el Consejo de Estado denegó las pretensiones que favorecían a la Universidad y la colocó en una situación difícil ya que la administración y la misma comunidad universitaria, tenían casi la certeza que el Consejo de Estado confirmaría el fallo favorable que había proferido el Tribunal Administrativo del Huila en 2013.

Esta decisión pone en graves aprietos al ente universitario por varias razones. Primera por la suerte que pueden correr otras acciones judiciales que están actualmente en curso en el Consejo de Estado, concretamente los $22.000 millones por concepto de estampilla pro universidad que el Gobierno Departamental dejó de girar en los últimos años a la Universidad Surcolombiana. Si el Consejo de Estado sigue esta misma línea de interpretación restrictiva y exegética de la ley, muy seguramente fallará en contra de la Usco.

Otra poderosa razón: el Alma Mater del Huila requiere estos recursos para poner en marcha los ambiciosos planes de expansión como la construcción del nuevo campus Universitario en Trapichito II, el cual tiene un costo total de más de 300 mil millones de pesos. Aunado a lo anterior, es urgente el ingreso de recursos para aumentar cobertura, crear nuevos programas de maestría y doctorado, mejorar la planta física, crear laboratorios, etc.

El gran reto de la administración de la Universidad es gestionar estos recursos ante el Gobierno nacional y el Departamento del Huila, sin que esto implique renunciar a la autonomía universitaria ni propiciar la politización de la universidad.

*Director Grupo Nuevas Visiones del Derecho – Universidad Surcolombiana