Confusión y certezas

Consideramos que la opinión pública se ha debatido entre la confusión y la incertidumbre con ocasión de las informaciones desacertadas que se han entregado a la comunidad por los medios de comunicación y los diarios departamentales, a raíz de los hechos en los que la Fiscalía General de la Nación ha tenido participación activa en ese proceso de lucha frontal contra la corrupción institucional.

Estimamos que la ausencia de periodistas con conocimientos y asesoría jurídica de personas ajenas a los intereses de los investigados, ha permitido toda clase de atropellos a los tramites y procedimientos legales que revisten este tipo de información, y por lo cual, la comunidad lectora, no sabe a ciencia cierta qué ha pasado y cuál es la suerte de los incriminados en estos procesos penales, y es por ello, que estos terminan siendo recibidos con papayera, vallenatos y se les organiza toda clase de coctel y de agasajos, cuando realmente están subjudice y son personas que tienen un beneficio de libertad provisional, diferente a decir que no tienen ninguna responsabilidad con los hechos que se les imputa.

Habíamos advertido sobre el gran espectáculo que se había generado con dos capturas de una veintena de personas entre contratistas y funcionarios públicos, por hechos generadores de comportamientos presuntamente delictivos y que se encuentran soportados por la Fiscalía en sendas investigaciones que llevan varios años.

Aún no podemos contar con resultados, seguiremos como siempre, pendientes de los acontecimientos y esperamos que los medios de comunicación tengan la suficiente capacidad de informar en debida forma a los ciudadanos, porque una mala información, una noticia sesgada, o a medias, termina por ser peor que la realidad.

No estamos en presencia de hechos que lleven a la santificación de sus protagonistas, estamos en presencia de hechos que han atentado contra los recursos del Estado, y que en ambos casos, han tenido como finalidad la protección de los desprotegidos, la salud y el apoyo a los damnificados por hechos que han puesto en riesgo su vida y su condición humana.  Y todos ellos, hoy en día, están esperando esa respuesta del Estado, ese apoyo, que no ha de llegar. 

Recordemos y tengamos certeza de que los recursos para la inversión social, no pueden quedarse en la mano de quienes utilizan la cosa pública, para beneficio particular y por eso, toda forma que tienda a combatir la corrupción  tiene que ser, debidamente direccionada e informada ante la opinión pública, para  prevenir a la sociedad de aquellos políticos que han  abusado del poder y que no merecen el aplauso de las comunidades.