Conejo a los Acuerdos de Paz.

Parece que la estrategia de volver “trizas”, los Acuerdos de Paz firmados entre el Gobierno Colombiano y las Farc-ep, está comenzando a funcionar con la última decisión de la Corte Constitucional. El poder que ejercen los partidos políticos que se oponen y algunos líderes que  representan a las organizaciones de la Unidad Nacional que no están muy convencidos de los beneficios de la paz y de las transformaciones económicas, sociales y políticas son un riesgo inmenso por lo que pueda pasar. El que haya mayoría en el Congreso no es garantía suficiente para lograr sacar las leyes que el Ejecutivo presente y menos en momentos electorales. La paz es un mandato consagrado en la Constitución Política de Colombia, además un clamor popular, el cual debe honrar el Presidente de Colombia. Es él quien debe asumir el cumplimiento y la implementación de los Acuerdos.

En Colombia la violencia surgió precisamente por la manguala de los partidos tradicionales  que se repartían el poder de lo público. Pactaban y luego actuaban siguiendo al pie de la letra, en el Gobierno, el legislativo y la rama judicial.  El Frente Nacional operaba como una aplanadora que no admitía voces distintas. Solo a partir de la Constitución Política de 1991, gracias a la lucha popular e inclusión de nuevos actores políticos producto de la negociación con las guerrillas avanzó en nuevas  formas de participación ciudadana y política  tratando de profundizar esa democracia tan restringida y castrada.

El fallo de la Corte Constitucional, como lo señala María Jimena Duzán, se debió a la volteada del Magistrado Carlos Bernal, quien le dio la razón a la demanda interpuesta por el Uribismo sobre el las leyes presentadas en el marco del Fast Track.  Tremendo favor y mandado ha cumplido este togado al permitirle al Congreso una función, un papel que este no ha cumplido en la solución de los grandes problemas que tiene la nación. Si alguien está en deuda con los colombianos es el Congreso, es el más desprestigiado, inoperante, corrupto e instigador de la violencia como quiera que un gran porcentaje en periodos anteriores fue elegido con el respaldo del paramilitarismo. Que no nos vengan ahora a decir que le devolvieron las facultades de modificar y cambiar los Acuerdos pactados al Congreso de la República, cuando  en más de sesenta años ha estado de espaldas al país.

En el fondo lo que están tratando de buscar los enemigos de la Paz y los Acuerdos, es llevar a la insurgencia al desgaste y al cansancio para obligarlos a que renuncien ellos primero y responsabilizarlos de lo que pueda pasar en este mar de incertidumbre y desconfianza que hoy reina en las FARC. El “error” histórico de no cumplir lo pactado para alcanzar la paz ya es una costumbre de quienes detentan el poder, pasó con Guadalupe Salcedo y la Unión Patriótica. No queda otra opción que el movimiento social y la sociedad civil actué para defender la paz y los Acuerdos.