Condenas y retaliaciones

La reacciones por las sentencias que día a día se van conociendo de los principales dirigentes del Gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, y la decisión taimada en dichas providencias para hacer alusión a que se investigue al primer mandatario, deja entrever un especie de temor reverencial que quiere romperse o que no se atreve a ser explícitos en la conclusión a la que se tiene que llegar y de lo cual, todo el país, en su gran mayoría está de acuerdo, respecto de la forma como se orquestó la política nacional y la vigencia de dicho mandato, que hoy se replica por su sucesor.

Si a lo anterior le sumamos las opiniones del delegado del Presidente Juan Manuel Santos, cuando a través de su Ministro plenipotenciario advierte el reconocimiento de las calidades de “patriota” del expresidente Uribe, tenemos que concluir, que el mismo gobierno se encarga de direccionar, como lo hicieran todos los medios de comunicación en su oportunidad, para enaltecer la gestión del “gran colombiano”, de prohijar la impunidad y anteponerse a esa sanción que históricamente le corresponde en un juicio de responsabilidad por su mandato, que estamos en mora de hacer efectivo en su contra.

Es que cuando la Corte Constitucional dio vía libre a la refrendación de la reforma constitucional de la reelección presidencial, y cuando se dictaron las primeras decisiones penales sobre la forma como se había gestado la famosa “reforma del articulito”, es cuando tenemos que concluir que esas fuerzas oscuras de la Justicia, generaron y dieron lugar, a una impunidad recalcitrante, que se ahonda y se profundiza día a día, al haber permitido que dicha reforma fuera irregular, violatoria de los principios morales y que tuvo que recurrir al crimen y al delito, como formas de lograr su objetivo. Fue la forma de sanear un delito, una forma más de impunidad.

Y esos hechos que fueron conocidos por todos, ha servido de base para que el actual mandatario de los colombianos, se valiera para permanecer ejerciendo sus propias funciones y valiéndose de tan grave realidad, hiciera abstracción de los antecedentes y se aprovechara de ella, de la reelección.

Por qué motivo hoy en día, seguimos ajenos entonces a reconocer la participación de todos los congresistas de otrora, en dicho espectáculo de la democracia, y por qué no se intensifican las investigaciones penales para todos ellos, en tanto, siguen recibiendo el fervor popular en las urnas y siguen usufructuando las formas de la distribución del erario público en mermeladas que solo enriquecen su patrimonio personal y que nadie se atreve a juzgar o cuestionar.

Hemos sido complacientes con el delito, hemos cohonestado con la corrupción, hemos refrendado el mandato de todos aquellos que hoy tendrían que estar condenados por todos estos hechos que atentaron contra la democracia colombiana, pero nuestra condición de siervos fieles de la politiquería y de hijos de la esclavitud, se perpetúa de una manera que no se compadece con los sueños de libertad o de paz, con los que hoy abrigamos las esperanzas de un futuro para nuestra patria.

Y el mayor pecado de nuestra Justicia, es precisamente esa de haber dilatado en el tiempo las investigaciones, de no haber actuado con lealtad y prontitud en la adopción de los mecanismos y formas sancionatorias que hoy se conocen. No puede ser un aliciente decir que la justicia cojea pero que llega, porque una Justicia que no se aplica en el tiempo y cuando es debido, no alcanza a sanear los efectos desastrosos que deja en su camino, como sucede con todos los funcionarios públicos que siendo investigados siguen ejerciendo sus funciones y siguen abusando de los cargos públicos para perpetuarse en el poder. Pareciera una forma de complicidad entre investigados e investigadores, para reinar entre el crimen y el delito. Qué triste realidad.