Frecuentemente, a través de los medios de comunicación, nos están informando sobre los resultados de las sentencias proferidas contra la Nación por el cometimiento de actos irregulares en la prestación del servicio de los servidores públicos, quienes por acción u omisión permiten lesionar o afectar a las personas en su integridad física, en los daños y perjuicios a sus bienes materiales. Son millonarias las condenas que deben ser pagadas de acuerdo con los montos establecidos en las respectivas demandas, que han sido ejecutoriadas y las que se encuentran para fallo. Igualmente, los funcionarios públicos conocen muy bien que cualquier abuso de autoridad o desafueros cometidos en el ejercicio de sus funciones, el Estado repetirá contra el patrimonio de ellos y de sus sucesores en la familia. Por este motivo, hoy en día, los mismos deben seguir al pie de la letra lo establecido en las Leyes y la normatividad existentes, con el fin de desempeñarse con eficiencia, eficacia, economía, ecología y equidad en los cargos públicos que desempeñan.

Los actos terroristas cometidos por los grupos insurgentes de las FARC, ELN y los demás han afectado a miles de familias colombianas por la muerte, lesiones físicas y psicológicas de sus parientes y la destrucción de sus propiedades, que terminaron con el abandono y desplazamiento de sus sitios de residencia. Pero llama la atención, que las acciones irregulares de la Fuerza Pública son las que han provocado las mayores condenas pecuniarias a la Nación, según lo expresado por el presidente de la Corporación, magistrado Danilo Rojas, el pasado 21 de septiembre, en medio de una reunión con la Policía Nacional, cuando se les explicó a comandantes de Policía de todo el país, qué tipo de acciones provocan fallos que ordenan millonarias indemnizaciones. En términos globales, la Fuerza Pública son los mayores responsables en casos de reparación directa. Los casos más dramáticos son los asociados a la época difícil de la guerra en el país, tomas guerrilleras, masacres, torturas, desplazamientos, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales.

Recientemente, la Nación fue condenada a pagar la suma de 4.854 millones de pesos a 124 familiares de las víctimas del atentado por la casa bomba perpetrado por las FARC hace 13 años en Villa Magdalena en la capital del departamento del Huila. Igualmente, la toma guerrillera a los edificios de Altos de Manzanillo y al condominio Casablanca, provocaron una condena por 1.300 millones que deberán ser pagados a los afectados. Las condenas a la Nación por tomas guerrilleras van en 100 mil millones de pesos, resueltas durante los últimos cuatro años. Faltan por resolver otras 50. Todos estos recursos van a desestabilizar las finanzas nacionales en el mediano plazo, que van a ser sufragadas por los contribuyentes colombianos a través de los impuestos que pagamos.