Comisión de la Verdad

Cuando en países enfrentados a un conflicto interno, se habla de poner a funcionar una “Comisión de la Verdad”, se habla de un país que ha tomado la decisión de reconciliarse.

En América Latina ha habido comisiones de la verdad en Perú, en Brasil, en Paraguay, en Chile, en El Salvador, en Argentina y en Bolivia. La idea no fue la de agudizar los conflictos, ni la de regar sal en las profundas heridas que deja la guerra entre hermanos o la de someter a quienes tenían su propia versión de lo que ocurrió, sino conseguir, a través de la verdad, la reconciliación de la sociedad y recobrar el sentido de humanidad entre todos. 

En Colombia vamos a tener que establecer una “comisión de la verdad previa” para que se dedique a la revisión de lo que dicen los políticos a través de las redes sociales o de algunos medios de comunicación que carecen de rigor profesional.

La semana pasada, “La Silla Vacía” hizo un gran trabajo periodístico al examinar qué tanta verdad contenían las afirmaciones hechas en la carta que el Centro Democrático le envió al Congreso de los Estados Unidos. El trabajo concluyó que, “de las 27 afirmaciones de la carta, solamente tres eran ciertas; las otras 24 eran engañosas, o falsas, o debatibles, o inverificables, o apresuradas o exageradas”.

Afortunadamente cuando se transmiten al exterior ese tipo de información mentirosa, amañada o arreglada, esas mentiras internacionales no son tan peligrosas porque no se las creen y porque son verificadas rápidamente. En cambio, aquellas mentiras o inexactitudes que los líderes les dicen a sus propios conciudadanos, sí llevan la intención perversa de agitar la vida política y social dentro del país y causan más daño de lo que la gente se imagina: ¿Recuerdan cómo influyó en los ciudadanos del común la campaña del terror, a punta de engañifas, antes del plebiscito del sí o del no?

Como esas estrategias dan resultado, se escriben documentos que deberían ser serios, porque van dirigidos al Congreso de un país amigo, pero no: se redactan con malicia y pleno conocimiento de las aseveraciones que se hacen. Afortunadamente ese tipo de truculencias tienen en los círculos de la diplomacia un efecto negativo para quienes lo firman, pero infortunadamente tienen repercusiones molestas –por decir lo menos- aquí en Colombia.

Pero no se llamen a engaño, porque esas estrategias suelen, a la larga, cobrar un alto precio político.

En general, el liderazgo colombiano tiene muchas cuentas pendientes con los ciudadanos: entre ellas, la corrupción y la guerra que son dos terribles legados que debemos seguir encarando y combatiendo a cualquier costo.

El Estado colombiano también tiene muchas deudas por pagar y muchos errores por reconocer. Y todos los colombianos, que formamos parte de este Estado, debemos aprender a vivir en paz y a ejercer la convivencia, porque estamos en mora de asumir nuestras responsabilidades, entre otras, la de respaldar decididamente a la “Comisión de la Verdad”.

La Comisión tendrá que recordarle a los detractores del proceso de paz con las Farc, que éste es el fruto de una negociación, porque las Farc no fueron vencidas por las armas, y tendrá que probarles su independencia de las causas políticas, para dejarle en claro a una ciudadanía polarizada, que la Comisión no busca vengar, ni estigmatizar, sino sacar a flote la verdad de los hechos, es decir, la escueta verdad de los sufrimientos de las víctimas. No es fácil la tarea a la hora de definir “verdad” y a la hora de señalar a los responsables de la brutalidad de todos estos años de guerra fratricida.

A todos los que se oponen obstinadamente a lo que se ha logrado con el acuerdo de paz con las Farc, les hace falta reflexionar un poco sobre la historia de Colombia y aceptar su parte de responsabilidad por las enormes fallas, casi todas elitistas, que se observan a lo largo del doloroso camino recorrido desde la independencia hasta nuestros días.

Sobre todo, la responsabilidad por la violencia y por la pérdida del sentido del valor de los derechos humanos durante éste conflicto de sesenta años, que se hubiera podido prevenir si hubiera existido un mínimo sentido de equidad social por parte de la clase dirigente y si no hubiera prevalecido siempre el interés y las pretensiones de los más privilegiados, que han ignorado sistemáticamente a un gran número de colombianos, que son los más pobres. Entre ellos, los campesinos y las comunidades de afrodescendientes e indígenas.

Debemos pensar, entonces, cómo vamos a hacer, mientras tanto, para parar en la raya todas estas mentiras dirigidas a los colombianos, que se están volviendo cada vez más frecuentes, y que se hacen pasar como “quejas” internacionales o diplomacia paralela, para disimular sus evidentes objetivos políticos para las elecciones del 2018. ¡Apliquémosles una rigurosa Comisión de la Verdad, conciudadanos!