Colombia: Corrupción vs. desarrollo

La corrupción es uno de los obstáculos más grandes para el desarrollo económico y social de un país pues tiene un impacto evidente en la democracia, la educación, la salud y la justicia. A pesar de los esfuerzos en el marco de la comunidad internacional de erradicar sus raíces, la Organización de las Naciones Unidas reporta que cada año, a nivel global, se paga un billón de dólares en soborno y se roban 2’6 millones de dólares, un poco más del 5% del PIB mundial, debido a este fenómeno.  

Colombia no es ajena a esta problemática global. De acuerdo a Transparencia Internacional, el país tiene un puntaje de 36 sobre 100, siendo 0 la mayor percepción de corrupción y 100, la menor. De un total de 175 países evaluados, Colombia ha ocupado el puesto 94 en el 2013 y 2014.

Esta calificación, que refleja la percepción de empresarios, analistas de riesgo y especialistas financieros, evidencia los retos latentes para acabar con este fenómeno.

Aunque la corrupción se presenta tanto en el campo privado como en el público, es este último el que más repercusión y presencia tiene en el país. Por cierto, en el imaginario urbano, el ejercicio de funciones públicas y de la política están usualmente relacionadas a actos de este tipo.

Es así como Colombia, en armonía con la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, debe tomar o reforzar, en primera instancia, medidas para prevenir esta problemática, estableciendo sistemas de contratación transparentes, fundados en criterios claros y objetivos.

Igualmente debe crear órganos que realicen un estricto seguimiento a funcionarios y plataformas, de público acceso, que permitan la participación y vigilancia de la ciudadanía.

A la vez, es necesario sancionar, debidamente, todo acto de corrupción para que en la comunidad no quede una percepción de impunidad; esto persuade a dejar de actuar así y motiva la denuncia ciudadana.

Además, es importante que todos los colombianos tomen conciencia que, en sus labores cotidianas, pueden realizar un cambio significativo frente a esta problemática. Por un lado, pueden tomar la vocería para exigir la rendición de cuentas y denunciar, en los casos en que se presente alguna irregularidad y, por otro, blindar sus actuaciones en el marco de la transparencia y legalidad.

Y quienes se dedican a la política jamás deben olvidar que ésta existe para servir a la comunidad y no para servirse de ella.