Colombia no puede Ser Macondo

Sus mundos fantásticos nos hacían soñar despiertos. Su prodigiosa pluma inunda de colores al más escéptico de los lectores con su realismo mágico irrepetible. Pero eso es literatura, no realidad. Macondo debe mantenerse ahí, en lo mágico, en el mundo maravilloso de su irreal inexistencia. Macondo por lo tanto no puede ser imitado, ni recreado y nuestra Colombia no puede parecerse o ser  Macondo. Nuestro País debe ser un País  real donde no pensemos y creamos que el mundo es plano. Nuestra Colombia debe por ello ser un País serio y predecible y para ello se requieren instituciones serías y predecibles, empezando por las tres ramas del poder público. La seriedad de las instituciones se mide en la predictibilidad de los resultados y su estabilidad, elementos necesarios para el respeto a los derechos y el desarrollo económico y social del País. Así, las leyes deben estar hechas guardando consonancia con la realidad y necesidad nacional y de tal manera que la interacción de ellas con los jueces al momento de su aplicación dejen poco campo para interpretaciones, y si hay lugar a ellas, sean los mismos jueces los que las den, pero sin legislar y siempre amparados en ellas  y en sus propios fallos. Si no es así, las decisiones judiciales serían erráticas y vulnerarían los derechos de los ciudadanos y las propias instituciones. En la novela de Petro, el audaz Juez de Tierras basó su fallo, a su juicio, en lo anterior, y por ello en principio parece el mismo ajustado a derecho. Pero ¿en que queda la facultad constitucional expresa del Procurador? ¿Cómo queda nuestro ordenamiento jurídico, nuestra soberanía y nuestras instituciones? Parecería que estamos supeditados a decisiones de terceros (cortes o comisiones internacionales), no elegidos por nosotros, quienes toman decisiones que vulneran nuestra soberanía y nuestro interés como Nación.  Y el jefe de nuestra  institucionalidad, el Presidente, nada hace para evitar que se forme el Macondo jurídico y mucho menos hace algo para resolverlo. En otro caso, recordemos, lo hizo. Indicó que la sentencia o fallo  de La Haya en el caso de San Andrés era inaplicable conforme a  que las fronteras solamente se podían modificar mediante un tratado. La postura es controvertida jurídicamente pero sabia por la conveniencia política y el  interés nacional, la cual además refrendó la Corte Constitucional a la cual el Presidente le dio traslado. ¿No estaríamos en  el caso de Petro y la aplicación de las medidas cautelares por parte de la Comisión en una  situación similar?  ¿Sería tal vez ésta sentencia de un Juez de Tierras inaplicable? En realidad, para algunos, el Presidente escogió el camino jurídico correcto, pero para muchos otros no así políticamente y no era lo que requería el interés nacional y la institucionalidad. En un País tan corrupto, tan inestable y tan impredecible, lo único predecible para controlar la desbordada corrupción y los abusos de los funcionarios es la Procuraduría y sus facultades constitucionales y legales. Y el galimatías Macondiano  se armó, pero Santos, que acertó en las primeras de cambio  indicando que las medidas cautelares no aplicaban, dio un bandazo e indicó que era su deber cumplir con la decisión del Juez de Tierras, cuando en realidad su deber institucional era suspender su aplicación  hasta que la Corte Constitucional se pronunciara. Ello hubiere evitando someter a Bogotá y al País al realísimo mágico Macondiano. ¿Será que Santos en su interés reeleccionista necesita los votos de los progresistas en Bogotá?

Primer Tercio Extra: Me parece un despropósito la propuesta del Fiscal de penas alternativas de trabajo social para los guerrilleros.