Coerción como política de Estado

Después de tantos ‘ires’ y ‘venires’, la plenaria de la Cámara de Representantes aprobó el nuevo código de policía, con 91 votos a favor, 3 en contra y no sabemos dónde están los otros 72 votos, porque se supone que era una plenaria la cual es compuesta por 166 representantes. Digamos que se abstuvieron o que se ausentaron; vaya uno a saber sus motivaciones.

En un país donde se está haciendo un esfuerzo para llegar a la solución del conflicto social y armado, es inadmisible que se apruebe un código que blinda la arbitrariedad, la extralimitación de funciones, el uso y abuso de la fuerza de los agentes de policía, y que al mismo tiempo vulnera derechos constitucionales de los ciudadanos, exponiéndolos al arbitrio subjetivo e ideológicos de los civiles armados miembros de la fuerza policiva.

Restringir el derecho a la protesta social en un país que se supone democrático; permitir el ingreso de la fuerza policiva a domicilios sin orden judicial y hacer uso de la fuerza coercitiva cuando los agentes así lo consideren necesario, es la mejor muestra de autoritarismo de un estado-nación dictatorial que a la fuerza quiere conservar el estatus quo. Y además, perseguir a los comerciantes informales -vendedores ambulantes- por ocupar el espacio público, cuando el desempleo es tan alto que la ocupación en ventas informales es lo que les permite a estas familias generar un ingreso económico para poder alimentar a sus hijos.

En la pasada Jornada Nacional de Movilización social convocada por la Minga Nacional Campesina, Étnica y Popular, la institución castrense, con su brazo antidisturbios, reprimió con notoria brutalidad a los manifestantes, dejando como saldo: 3 indígenas asesinados, más de 200 heridos, sin contar aún a los detenidos que son cifras que por el momento no se conocen en concreto. Si ese panorama se presentó antes de ser aprobado el nuevo código de policía, imaginemos el escenario a futuro de la represión a la protesta social, porque calificándola de subversiva, se le da un tratamiento de guerra a punto de enfrentar policías armados y entrenados contra un pueblo que, indignado por los incumplimientos del gobierno, se vuelca a las calles para exigir garantías sociales.

Se han reportado varios casos de abuso de autoridad por parte de los agentes de policía entre los cuales se cuentan: el asesinato, en modalidad de ‘sicariato’, del joven Duván Andrés Cortés, en el barrio Las Granjas de Neiva, por parte de un agente al servicio de la policía metropolitana en el año 2014; el secuestro y tortura practicada por cuatro agentes del CAI del barrio Las Granjas, contra Irma Julieth Usaquén Rueda, el mes de diciembre del año anterior; la tortura psicológica y física practicada por agentes del CAI del barrio El Codito, en la ciudad de Bogotá, donde, con jerga paramilitar, un agente amenaza al ciudadano con subirlo a la camioneta y “picarlo”; entre otros tantos que a diario se denuncian en las redes sociales donde se evidencia el odio con el que los policías agreden a los ciudadanos.

En otros casos, agentes de policía que aprovechando su institucionalidad, uniforme, insignias y armas, se alían con el hampa organizada para delinquir y/o proteger a las organizaciones delincuenciales a cambio de otro salario, como si el que ganan no fuera suficiente. En un reciente escándalo, 14 agentes fueron detenidos por vinculación con una red de micro-tráfico que delinquía en el ‘Bronx’, en la ciudad de Bogotá. Entonces no se puede tener delincuentes disfrazados de institucionalidad, armarlos, entrenarlos y blindarlos, a través de un nuevo código con artículos polémicos, para que procedan de forma arbitraria en un país que se prepara para ponerle fin, por la vía del diálogo, al conflicto social y armado que ha soportado por cinco décadas.

Para lograr la tan anhelada paz en el país, es necesario cambiar la cultura de la guerra por una cultura de paz; es urgente dejar los postulados de la guerra y plantear una ideología de la paz. No es con desbordada arbitrariedad, ni con una sociedad justificando el abuso de su fuerza pública, que se logrará la paz en el país.