Claridades vs Incertidumbres del PND

La semana pasada, el Gobierno presentó ante el Congreso de la República el Plan Nacional de Desarrollo para el 2014 - 2018. La puesta en discusión de estos lineamientos que guiarán la ejecución de políticas públicas en el país, genera desde ya varios cuestionamientos que ponen en duda su viabilidad, pertinencia y apego a los deberes constitucionales.

Aunque las metas previstas como aumentar la cobertura y calidad de la educación; disminuir las brechas sociales y la desigualdad; crear el marco del posconflicto sobre la base de la reparación a las víctimas, entre otras, son importantes y prioritarias, el primer obstáculo de su ejecución podría ser su financiación.

Si bien el Ministerio de Hacienda explicó que se redujeron $17 billones del monto total de inversión por la caída de los precios del petróleo, todavía no hay respuestas claras respecto de dónde saldrá ese dinero, y si éste alcanzará para dar cumplimiento a los proyectos planteados en el documento, pues el panorama fiscal de Colombia y, en general, su economía, no pasan por el mejor momento.

A pesar de que el PND tiene como pilares la educación, la equidad y la paz, resulta preocupante que no se haya efectuado el mecanismo de Consulta Previa de la población afrocolombiana e indígena.

Al respecto, la Corte Constitucional considera que presentar y aprobar la iniciativa, antes de realizar la Consulta, no implica en primera instancia su inexequibilidad, siempre y cuando exista el compromiso de suspender la ejecución de los programas que tengan la potencialidad de generar un impacto en las comunidades hasta tanto no se realice este proceso, conforme a los requisitos de legalidad.

Sin embargo, el Gobierno no debería limitarse a cumplir esta obligación, como una simple formalidad o un requisito de validez más. Antes bien, la Consulta Previa debería ser una de las prioridades y fundamentos en la construcción del Plan Nacional de Desarrollo, pues, además de evitar problemas jurídicos y sociales posteriores que interrumpan la ejecución del mismo, acerca al país a conocer, respetar y armonizar las perspectivas de estas comunidades para disminuir, realmente, la desigualdad y la brecha social.

En consecuencia invitamos, tanto al Congreso de la República como a la sociedad en general, a analizar y hacer seguimiento, al trámite del PND, para asegurar que se convierta en una verdadera herramienta a favor del desarrollo sostenible colombiano, no sólo económico, sino también social.