Clamor de los gobernadores

El viernes anterior terminó una nueva versión de la Cumbre Rural de Gobernadores en la ciudad de Montería, donde se presentó un reclamo generalizado de todos los mandatarios asistentes hacia el Gobierno nacional por el proceso de centralización fiscal y administrativa que se ha venido presentando durante el gobierno del presidente, Juan Manuel Santos Calderón, constituyéndose en la mayor dificultad que enfrentan, porque se les ha trasladado mayores responsabilidades a las regiones y se han disminuido los recursos para financiar necesidades básicas de la población.

No hay derecho que se tengan congeladas en dólares el 10% de la participación de las regalías petrolíferas en el exterior, que corresponden al Fondo de Ahorro y Estabilización (FAE), creado en el marco de la Ley que modificó el sistema de regalías, propiedad de los territorios nacionales. Dado que la crisis tocó fondo por la falta de recursos para financiar los índices de necesidades básicas insatisfechas, que cada vez se acrecientan por las desigualdades sociales y económicas que se han propiciado otrora. Además, los recortes presupuestales que se están presentando en las transferencias para atender salud, educación e infraestructura vial, están permeando negativa e inciertamente las finanzas públicas regionales.

Esta temática fue planteada en este evento, dado que el Gobierno nacional tenía dentro de su agenda propuesta, otros temas de interés gubernamental centradas en los ´Contratos de Paz´ que es uno de los temas de mayor trascendencia para los departamentos, con miras a plasmar el primer compromiso logrado en la Habana, en una eventual firma del ´Acuerdo de Paz´.

Se planteó la repartición a cada uno de los mandatarios de estas responsabilidades pactadas con la Farc en la Isla, pero sin decir de dónde van a salir los recursos para financiarlo.

El gobernador, Carlos Julio González Villa, fue reiterativo con todas estas inquietudes porque constituye retroceder en el proceso de la descentralización y se efectúa sin recursos, lo cual, está en contravía con lo promulgado en la Constitución de 1991 y sus normas concordantes. Además, planteó la problemática del cubrimiento de los servicios de salud no incluidos en el pos, que tienen a los departamentos en graves problemas financieros, al haber asumido estos roles sin tener disponibilidad presupuestal para tal efecto.