Carrusel de pensiones

Un equipo de auditoria de la Contraloría Departamental del Huila, detectó unas presuntas irregularidades en 26 actos administrativos que otorgaron la pensión de vejez a algunos ex funcionarios que laboraron en la administración departamental durante el periodo comprendido entre 1985 y 2006. Producto del control ciudadano, la Contralora Adriana Escobar Gómez, ordenó una investigación que concluyó en un daño patrimonial por un valor aproximado a los 3.582 millones de pesos, porque se otorgaron pensiones, sin contar con los requisitos que establece la normatividad colombiana, para acceder a este beneficio laboral. Para tal efecto, ya se dieron traslado a las instancias judiciales y disciplinarias para determinar los niveles de culpabilidad de los servidores públicos responsables.

No hay derecho que estas situaciones ilegales se hayan presentado en el departamento, cuando nos hemos convertido en una caja de pandora, durante los últimos meses, porque se empiezan a destapar grandes escándalos de corrupción administrativa, por el mal manejo de los recursos públicos. Casos que están siendo investigados por los Organismos de Control, de algunas entidades regionales que se han convertido en una vergüenza a nivel nacional, como uno de los entes territoriales más corruptos del país, porque ocupamos el 12º puesto dentro de este escalafón realizado por la Organización No Gubernamental, Transparencia por Colombia.

Consideramos que la Contraloría Departamental, debe crear un equipo especial de auditores, en coordinación con funcionarios de la Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación, que, junto con un grupo de funcionarios de la Gobernación, desarrollen una minuciosa revisión de todos los actos administrativos proferidos por esta entidad, en el otorgamiento de las pensiones de exfuncionarios. Este es el inicio de un largo proceso que busca frenar y poner fin a este desangre a que se han sido sometido, las finanzas públicas del Huila, por culpa de unos funcionarios inescrupulosos, que se han prestado para birlar y transgredir la normatividad de pensiones. Mientras muchos servidores públicos, llevan años esperando que se les otorgue este reconocimiento, y que por alguna legulayada no han sido favorecidos con este beneficio laboral, otros se han aprovechado del clientelismo político y de la laxitud administrativa que ha operado en otrora, en el archivo departamental donde reposan todas las historias de los exfuncionarios y actuales servidores públicos. Para tal efecto el gobierno departamental, dentro de los lineamientos generales de su Desarrollo “El Camino es la Educación”, contempla la iniciativa del buen gobierno y la transparencia a través de estos componentes, con lo cual se espera que temas como éste y otras debilidades institucionales de carácter estructural, se pueda contribuir al buen gobierno, a través de la modernización tecnológica de esta dependencia, con el fin de corregir estos entuertos.