Cadena perpetua para los violadores

La violación, tortura, secuestro y asesinato de una humilde niña de 7 años, el fin de semana pasado tiene indignado a todo un país, y no es para menos, ya que el asesino es una persona acomodada de la alta sociedad bogotana, donde se considera que son los más educados y respetuosos.  

Yuliana Samboni hoy en día se convirtió en símbolo de la violación y vulneración de los derechos de las niñas y de todas las mujeres en el país y el mundo. Debe existir la cadena perpetua para todos los violadores, que sea el momento donde un país clama seriedad en la justicia.

Durante mi corto paso por la Cámara de Representantes, exactamente en el mes de febrero del año pasado, radicamos con varios colegas el proyecto de Ley para establecer la cadena perpetua en Colombia. Trabajo en conjunto con los representantes, Efraín Torres, Carlos Correa, Berner Zambrano, Jairo Castiblanco, Martha Villalba, Wilmer Carrillo, Jorge Rozo, Sandra Ortiz, John Molina y José Carlos Mizger.

El proyecto de Ley 204 de 2015, busca modificar el artículo 34 de la Constitución Política, suprimiendo la prohibición de la pena de prisión perpetua. Quiero reiterar que esta iniciativa obedece a las manifestaciones sociales que son de público conocimiento y al clamor general de la población que reclama mayor severidad por parte del Estado en el castigo de los delincuentes.

Los autores de este proyecto de acto legislativo consideramos, que el derecho, como objeto cultural que es, debe responder a las necesidades sociales, por lo que las normas jurídicas deben propender por la adecuación con las realidades sociales, y es evidente, que actualmente la sociedad reclama con ahínco una mayor severidad en el trato a los delincuentes de nuestro país, lo que justifica la eliminación de la prohibición de la pena de prisión perpetua.

Hechos lamentables que el país ha repudiado como el asesinato de Yuliana Samboní, los cuatro menores de edad de la familia Vanegas – Grimaldo en Florencia; así como las más de 140 víctimas de Luis Alfredo Garavito; Rosa Elvira Cely en Bogotá; Manuel Octavio Bermúdez más conocido como el monstruo de los cañaduzales; el peor asesino de la historia del mundo, Pedro Alonso López más conocido como el monstruo de los Andes; culpable de más de 300 muertes, entre muchos otros, han generado total repudio de la sociedad colombiana, así como de los medios de comunicación donde justificadamente han alzado las voces de todos los estamentos presentes en nuestro país reclamando justicia y más justicia.

Debemos poner penas ejemplares para este tipo de delincuentes, que no guardan respeto por la integridad y dignidad de las demás personas que conviven junto con ellas en nuestra sociedad. Lo más preocupante de estos casos y lo que más indigna a la población es que muchos de estos delincuentes ya habían estado condenados a prisión, pagando unos pocos años, y posteriormente dejados en libertad sin lograr una efectiva resocialización.

Por todos estos acontecimientos y siguiendo con nuestra obligación constitucional contenida en el Artículo 133, y cumpliendo con los postulados de la democracia representativa exigida como la principal función de los congresistas, necesariamente debemos cumplir con el clamor de la población en general que demanda penas más severas para los delitos más graves.

Muestra de ello fue la votación obtenida por la ex senadora Gilma Jiménez (Q.E.P.D), para el periodo pasado que contó con una votación de más de 217.000 votos configurados gran medida en votos de opinión respaldando su principal propuesta que consistía en la pena de prisión perpetua a los responsables de delito doloso, violación y explotación sexual, maltrato severo y secuestro cometidos contra menores.

Es nuestro deber como colombianos abrir el debate nacional para buscar modificar la Constitución Política en beneficio de nuestra niñez. Paz en la tumba Yuliana.