Bienvenido el acuerdo de paz

Menos mal que el proceso de paz negociado en la Habana ya entró en la etapa de implementación en el Congreso de la república. 

Atrás quedaron las dudas acerca del futuro de este acuerdo que termina con casi sesenta años de guerra, años tristes bajo una estela de terror, desplazados, viudas, huérfanos y mucha sangre.

Son casi ocho millones de víctimas visibles del conflicto, al menos esas son las cuentas que tiene el Gobierno, según los datos canalizados desde que se promulgó la Ley de reparación, ahora quien sabe cuántas son las victimas invisibles. Hay que tener en cuenta que el número de afectados se disparó desde el año 2011, una vez el Presidente Juan Manuel Santos, anunció su propósito de reparar a quienes de una u otra forma sufrieron los rigores por causas de la violencia del conflicto. 

En ese año existían en los registros de la Oficina de Acción Social de la Presidencia solamente 4 millones 500 mil víctimas, lo que quiere decir que si la cifra se dobló es porque quienes han sufrido puede llegar a la mitad de colombianos,  ya que muchos no han dicho nada ni han reclamado por algún motivo.   

Por lo explicado es absurdo que un grupo minoritario de la población se atribuya el derecho de desafiar el futuro oponiéndose a este proceso de paz, sin tener en cuenta los daños y la secuelas que deja a la sociedad un enfrentamiento armado, sabiendo que se puede dar la oportunidad a quienes disparan para que reclamen por las vías democráticas.

La tempestad mediática del uribismo contra el Presidente Santos y su Gobierno que en los últimos 5 años ha polarizado a la sociedad, tiene una explicación: no les interesa la paz ni  la convivencia ciudadana, solo  el insumo para su próxima campaña política.

Es bueno recordarles que durante el Gobierno de Uribe se hizo el Pacto de Ralito, el entonces Presidente Uribe, el 15 de junio de 2004 inició un proceso de paz con las autodenominadas Autodefensas Unidas de Colombia AUC, negociación arbitraria cuyo texto únicamente conoció el Gobierno, los paramilitares y no pocos narcotraficantes.

La Ley de Justicia y Paz, que fue su marco normativo nunca se sometió a ninguna consulta popular ni se publico en ningún medio de comunicación y nadie le molestó la vida la Uribe, puyes le gente quería como ahora la paz. Así el Gobierno Uribe pudo legalizar la situación de las AUC y la de otras personas que no tenían nada que ver en el conflicto, se impuso  la voluntad soberana del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez.  

Ahora los beneficiados viven mejor en los Estados Unidos, con la expectativa de residenciarse en ese país sin  pagar sus delitos cometidos en Colombia  por haber colaborado con la justica Norteamericana.  

Cobra vigencia lo que comúnmente se llama la justicia penal para el amigo, que es no es ni más ni menos, la que se aplica en su momento por el gobierno de turno, la cual ya no recuerdan ni se dan por notificados los uribistas. 

Y eso  que además el  Gobierno Uribe también pretendía la intemporalidad de la Ley 975/05, de Justicia y Paz que abría las puertas de par en par, para que todo individuo que cometiera delitos de lesa humanidad en cualquier época y a nombre de un "grupo armado organizado al margen de la ley", se beneficiara sin responder por los daños causados a la sociedad.

Lo peor es que el Congreso de la República de ese momento con casi un 40% por ciento cuestionado, y algunos congresistas condenados por parapolítica, no tenía la autoridad moral para expedir normas de semejante envergadura y miren hoy en día las consecuencias, por fortuna salió terminó el segundo periodo de Uribe y no se aprobó.    

El Presidente Santos en su segundo Gobierno  cumplió con la reparación de 590.000 personas, utilizando recursos superiores al billón de pesos. Pero el reto presupuestal que supone ahora el registro de víctimas podría superar, en las próximas décadas 50 billones de pesos, menos mal que termina el conflicto y ahora lo que sigue es la reconciliación, desarmemos los espíritus.