Atalaya

El acuerdo Santos – Farc

El 24 de Agosto se cerró el acuerdo Santos-Farc.

Este es el mayor triunfo de una guerrilla, bandolera y narcotraficante, que sin dar nada lo obtiene todo. Una guerrilla sanguinaria , que no ha mostrado ningún arrepentimiento por todo el dolor que ha causado en vastos sectores especialmente rurales del país  y que con prepotencia y sin reato alguno ha  pontificado  desde La Habana sobre la economía, la organización del estado , su participación política, decidiendo qué va a aceptar y qué no va a aceptar ( dizque  “ ni un día de cárcel “ por ejercer el derecho a ser rebelde) en el ahora llamado posconflicto, que sin embargo gracias a la entrega que les  está haciendo Santos del país , llegan al poder sin que nadie los haya elegido.

¿Qué pensar sobre ese esperpento llamado la Justicia Especial Para la Paz, JEP?  Se abrirá ahora la posibilidad que en la JEP se revisen decisiones del pasado, de Cortes, Tribunales, Juzgados, a título de la búsqueda de la verdad, justicia y reparación. Hay un tufillo de retaliación latente en todo este tinglado montado contra quienes combatieron en todos estos años a las sanguinarias Farc. Es sorprendente que las Altas Cortes no se pronuncien con contundencia sobre el recorte que se está haciendo desde el acuerdo Santos-Farc a su Misión de ser las más altas  entidades de cierre judicial en el país.

Esta realidad, que ha generado una profunda división entre los colombianos , impulsada además por la publicidad y la narrativa oficial que quiere estigmatizar a quien no este de acuerdo con los dictados de un presidente , perseguidor , obnubilado con el poder , autista frente a los problemas sociales y económicos del país, que ha dedicado su gestión a la búsqueda del acuerdo que hoy tiene con las Farc, esta realidad  tiene profundas implicaciones en la percepción que los colombianos comunes y corrientes tenemos del estado y del actual gobierno.

No es posible que un grupo narco guerrillero imponga una estructura de estado y un modelo económico a punta de fusil, y que puedan hacer política armados, en contra de una población inerme que ya no sabe si las fuerzas armadas están para protegerla o están para mendigar tratamientos jurídicos iguales a los que se le alistan a la guerrilla para su reinserción en la sociedad que ha maltratado.

Esta realidad abre el camino a que exijamos la realización de un Asamblea Constituyente, que redacte una constitución de acuerdo a los tiempos actuales, que delibere y apruebe o rechace los pactos a los que está llegando Santos y su corte en la Habana y siente las bases de un real estado social de derecho.

Constituyente que reforme el perverso y corrupto sistema judicial, que en las últimas semanas ha quedado en evidencia con el lamentable espectáculo de la justicia recibiendo órdenes del poder ejecutivo, al mejor estilo de las dictaduras de países vecinos.

Constituyente que haga la reforma tributaria estructural, para que diseñe las bases de la equidad y justicia con que las próximas dos generaciones, próximos 50 años, deban tributar en Colombia, haciendo realidad la posibilidad de proyectar empresas y la producción de bienes y servicios con la seguridad jurídica de un sistema tributario progresivo que ataque las desigualdades con equidad y justicia.

Una Constituyente que legisle de verdad sobre el uso del territorio, definiendo zonificaciones ambientales que se conviertan en los santuarios de flora y fauna para usufructo de las generaciones futuras.

Esa constituyente también debe abordar con seriedad el tema tabú en el proceso de paz de La Habana, que es la enorme riqueza que la guerrilla narcotraficante debe haber amasado en el ejercicio de su “derecho a la rebeldía”. Esa riqueza mal habida debe volver a los colombianos para ser usada en el desarrollo rural, sector el más maltratado por las Farc.

Esa Constituyente, que debe ser elegida por el voto popular, deberá sentar las bases de las relaciones sociales que consulten el bienestar del campo y de la ciudad, y eche los cimientos de una paz duradera y para todos.

Estas reflexiones son de un colombiano corriente, que no acepta la estigmatización sectaria del gobierno Santos a quien no aplauda sin chistar las decisiones tomadas en La Habana diciendo que es un enemigo de la paz o es un uribista. La paz es un bien público y no tiene color político y es inaceptable que el que opine lo contrario de la narrativa oficial sobre el proceso de La Habana sea demonizado en los peores términos por parte del gobierno ante la sociedad.

Mientras haya libertad de expresión, muchas personas seguiremos opinando sobre el proceso de La Habana, con la visión que tengamos en el momento sobre ese proceso, al fin y al cabo, la paz es de todos, no es de Santos.

Post-Scriptum. Vergonzoso lo del Plazas Alcid, es un fracaso estruendoso de la actual alcaldía de Neiva y de la anterior, de Planeación Municipal, la Curaduría y la ingeniería involucrada. Pero sobre todo de Planeación Nacional donde se autorizan en los OCAD las obras a financiar con los recursos de las regalías. Que no venga el Director del DNP a dar lecciones de eficiencia cuando esta ineficiencia partió de la autorización de la obra, y del seguimiento no hecho correctamente por el DNP al desarrollo de la obra.