Atalaya

… Y quien va a pagar la cuenta?

Con gran alborozo del mamerterio nacional se recibió la semana pasada la decisión tomada en la constituyente de la Habana sobre institucionalizar una nueva estructura judicial que se llama Justicia Especial para la Paz. Que genéricamente se ha denominado la justicia transicional.

Los corifeos oficiales, medios de comunicación, ministros, congresistas y consejeros del gobierno en esta aventura sin fin en que se está convirtiendo el acuerdo de La Habana, gritaron emocionados que por fin la guerrilla había aceptado como querían ser juzgados, por quien, y como elegirían esos jueces.

No entro a analizar la conformación de esas nuevas cortes, o tribunales, ni los códigos procedimentales que las van a regir. Para eso habrá suficientes abogados, defendiendo lo indefendible.  Pero sí quiero hacer una reflexión sobre la conformación del grupo que va a nominar a los jueces de esa nueva justicia.

El Papa, quien nombrará un delegado, que indudablemente será convenido con el Gobierno y la Conferencia Episcopal ya cooptada por este gobierno como se ha podido ver con los pronunciamientos de los voceros de esa Conferencia.

El Secretario General de la ONU, quien nombrara un delegado, del corte de los representantes que ha tenido en los últimos años en Colombia, todos proclives a favorecer el accionar de las Farc como lo demostraron múltiples veces en los shows de liberación de secuestrados que en el pasado periódicamente montaba una repugnante exsenadora con las Farc y con las declaraciones de prensa de su actual representante en Colombia.

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. Sesgada. Politizada. Sin respeto por la justicia y lo que ella representa para la convivencia de un país. Ejemplo vivo:  en qué momento se ha perseguido por esa Corte a la Farcpolitica?, hay que ver como si han perseguido con saña a quienes no forman parte de esa cuerda.

La Delegación en Colombia del Centro Internacional de Justicia Transicional. Lean mis amigos lectores el documento “Recordar en Conflicto: iniciativas no oficiales de memoria en Colombia” publicado por esta organización con el apoyo investigativo de la Corporación Nuevo Arco Iris y la organización De Justicia. Esta publicado en el sitio:  https://www.ictj.org/sites/default/files/ICTJ-Colombia-Unofficial-memory-initiatives-July2009-Spanish.pdf; con su lectura podrán saber sin ninguna duda cuál es su sesgo ideológico.

El Consejo Permanente del Sistema Universitario del Estado, un Consejo de Rectores de Universidades Publicas, cuya selección desconoce la importancia que en el país tiene también la universidad privada.

No es incluyente ese grupo de personalidades que Humberto de La Calle quiere hacer aparecer como de inmaculadas personas, sin contaminación, ni sesgo alguno en sus juicios. Al contrario, entre más se empeñan en hacerlos aparecer como el grupo más neutral y ético que hayan podido encontrar, más sospechas aparecen.

A todas estas , que dirá la Corte Suprema de Justicia frente a unos tribunales que estarán  por encima de ella , conformada por jueces , que ella misma  va a nominar entre nacionales y extranjeros? , a un lugar tan bajo en nuestra autoestima  hemos llegado que tengamos que traer a jueces extranjeros para juzgar, supuestamente a unos bandidos narcotraficantes, y digo supuestamente , porque es claro que se ve venir un proceso de retaliaciones judiciales vía la Justicia Especial para la Paz contra el país que ha combatido en el pasado a las Farc, hoy triunfantes .  Este revanchismo ya lo anunció uno de negociadores de las Farc, un prepotente y delirante alias Santrich. Verguenza debería darle a los actuales magistrados de las Cortes colombianas aceptar ese esperpento que es la llamada justicia transicional.  Es un caso único donde el bandido pone las condiciones de su juzgamiento, nombra sus jueces y decide a quien juzgar.  Es indignante eso.

Pero en todos los análisis e informaciones oficiales sobre la justicia transicional, en ninguno se menciona, quien va a pagar la cuenta de esa nueva jurisdicción especial?

Ese aparato judicial, con extranjeros incluidos, vale, y vale un dinero grande. Sería bueno que el gobierno le contara al país cuanto van a costar los tribunales, los fiscales, los secretarios y secretarias, los amanuenses de esa jurisdicción, la dotación de infraestructura, los soportes logísticos.  ¿Y quién lo va a pagar?  Sin ser adivinos, ni arúspices, la lógica indica que simplemente lo terminaremos pagando Ustedes y yo mis amigos lectores, pagando más impuestos. Porque las Farc ya le notificaron al país y al gobierno que ellos no van a poner un peso de su riqueza mal habida ni para reparación de las víctimas, ni para nada en el país. Les salimos a deber.

Toda esa burocracia que se va a crear para conformar la Justicia Especial para la Paz es parte del botín que ciertos partidos políticos y sus líderes avizoran como propio y por lo que aparecen como los campeones en la defensa de este proceso de La Habana que está dividendo profundamente al país, espero que no sea para siempre.

El gobierno no ha entendido que esto no es un problema de guerra o paz como quiere presentarlo.  Nadie sensato quiere la guerra y mucho menos que haya más colombianos muertos.  Pero no es comprensible que se entreguen las instituciones, como la justicia, a cambio de nada.  La arrogancia con que las Farc cogobierna desde La Habana están enviando un mensaje claro al país nacional sobre cuál será su comportamiento en el futuro, y la arrogancia con el gobierno está tratándonos a los colombianos creyéndonos débiles mentales que no podemos conocer los acuerdos secretos de La Habana, están socavando la poca credibilidad que aún le queda en algunos sectores.

La pregunta queda ahí, quien va a pagar la cuenta de la Justicia Especial para la Paz?