Atacar la corrupción

La justicia china condenó a muerte al expresidente de una gran empresa pública, acusado de haberse embolsado 53 millones de euros, en una sentencia poco habitual para un funcionario de alto nivel. El tribunal de Cantón, en el fallo proferido declaró culpable a Zhang Xinhua, expresidente ejecutivo del conglomerado Baiyun Industrial and Agricultural Corp., de haber recibido sobornos y de desviar fondos públicos.

El tema de la pena de muerte siempre resulta controversial, al igual que la corrupción que se campea en muchos países de Latinoamérica y donde Colombia no es la excepción. Sin embargo, la defensa de la pena de muerte es una posición cada vez más desacreditada y pierde terreno en la política contemporánea, a excepción de países con regímenes particularmente involucrados con la represión y la violación de los derechos humanos.

Uno de los más graves problemas cuando se considera la idea de aplicar la pena de muerte por casos de corrupción o delitos en contra de la Nación es la ambigüedad que resulta natural a esta manera de definir los delitos, sumado a los amplios niveles de politización posibles y la criminalización del pensamiento latente en territorios tan movedizos y peligrosos. Aun así, existen naciones cuya constitución permite castigar la corrupción y delitos de este tipo con la pena capital.

En nuestro país pensar en pena de muerte para los corruptos no sería más que una ilusión, pues si no más la propuesta de cadena perpetua para los violadores de niños ha recibido muchas negativas, y es la hora que aún no se aprueba, creer que se aprobaría la pena de muerte para casos de corrupción no pasaría ni el primer debate.

Sin embargo, si se debería estudiar muy a fondo las penas que se deberían aplicar a funcionarios públicos que se ven involucrados en casos de corrupción, pues esto además de ser desleal, apátrida, desbarajusta las finanzas de la nación. Si la corrupción se ataca con penas fuertes y reales muy seguramente los casos que se presentarían cada día serían menos.