Asesinato de una constitución

La Carta Política del 91 ha dejado de existir. Ahora padecemos el monstruo redactado desde La Habana con el nombre de ACUERDO FINAL –AF-. ¿Cómo es posible que esto le suceda a la segunda democracia más estable de América? Unos hombrecitos soberbios así lo planearon y pretenden ganar la partida. La mayoría de los ciudadanos no han tenido tiempo, aún no asimilan, que una carta que pesa tres kilos de más y mínimo doscientas normas adicionales a las de la ya antigua Constitución del 91, es la estructura del nuevo régimen solapadamente impuesto por una minoría que no representa el 0.03% de la nación colombiana. Es el código máximo de Timochenco. Las altas cortes, las de la vieja Carta, ceden su jurisdicción a los noveles tribunales: Salas de inquisición para perseguir civiles, Salas de absolución para los criminales de las FARC. La legislatura de La Habana, también avasalló la soberanía popular del Congreso. Con honrosas excepciones, un recinto integrado por gnomos guiados solo por ambiciones mezquinas, que beben con gusto el caldo fermentado de su deshonra. Solo les interesan las cuotas de la miel, para nada la salud de la democracia. Hemos de reconocer, para nuestra tristeza, hasta dónde un pueblo se puede degradar. ¿Dónde está la academia patriota, otrora orgullosa de su ciencia jurídica? La confesión humanista de hombres como Fernando Hinestrosa, ¿quién la defiende? ¿Y a los antiguos liberales, defensores convencidos de la libertad? Lleras Camargo, Gaitán, los López y Uribe Uribe, ya no están entre nosotros. Unos herederos degradados dilapidaron su historia. Y con honrosas excepciones, ¿qué hay de los doctrinarios conservadores defensores de la autoridad legítima? Y a los nuevos partidos, ¿su insensatez les autoriza sacrificar el país? Las instituciones jurídicas y su economía son la paz de una nación. ¿Torturando la democracia puede haber paz? ¿Con la nueva constitución de Timochenco? NO. Pero es inconcebible, que un pueblo que goza de su libre autodeterminación, que con todas las dificultades ha forjado un proyecto histórico válido, pueda quedar subyugado por el blindaje que reclaman los autores de este atentado contra su existencia y desarrollo. Todo este procedimiento desde sus inicios, desde su base, está en diversas formas viciado. Más temprano que tarde, los hechos hablarán. No es necesario ir a disquisiciones profundas. La artimaña de un plebiscito, la mentira y la trampa, fueron el procedimiento para reemplazar la vía jurídica legítima para reformar las instituciones. Así pretenden amarrar al Estado a unos pactos, como si la voluntad popular se pudiera lanzar al mar o encerrar en la ONU; como si la soberanía y autodeterminación de los pueblos se pudiera mutilar indefinidamente. No es así, sencillamente.