Arancel judicial – inexequible

luego de la avalancha de acciones en el “caso Petro”, y tras el fracaso de la misma, se viene la aplicación de una decisión arbitraria, injusta, ilegal e inoportuna, es cuando tenemos que volver los ojos a los mismos aspectos que ya hemos tocado en otras ocasiones y que hoy cobran vigencia con una decisión que siempre esperábamos que llegara y acaba de producirse: La inexequibilidad del impuesto de ARANCEL JUDICIAL, recordamos a nuestros lectores que en éste mismo espacio habíamos sostenido lo siguiente:

“Un Estado Social como el nuestro, ni es Estado, ni es Social. La Justicia, que es uno de los presupuestos de existencia y fundamento de su democracia, no existe. La premisa de una Administración de Justicia direccionada a satisfacer uno de los derechos fundamentales de los colombianos, es un distractor que se asimila en todas sus prácticas morales e inmorales, a las actividades que cumplen y desarrollan los congresistas de la República. Es decir, es nugatoria, ineficiente, inoportuna, y está salpicada de todas las falencias que la institucionalidad tiene concebida como base de su desarrollo.”

Afortunadamente esa talanquera ha dejado de existir. Pero vendrán muchas otras exigencias que tenemos que repetir a diario, con la forma absurda como se viene retrasando la administración de justicia, con el distractor que exponen los mismos operadores judiciales, cuando advierten que la Acción de Tutela copa todas las actividades y retrasa la aplicación de las normas en cada uno de los procesos que están a su cargo, lo cual no puede ser así, y no puede ser excusa para la congestión que vivimos. 

Que falacia, que falta de respeto y como se ha perdido ese sentido de pertenencia que se requiere, cuando no hay un compromiso social en Administrar Justicia. Es necesario que los despachos judiciales sean enriquecidos con funcionarios que estén dedicados de lleno a cumplir con sus actividades y no se conviertan en visitantes ocasionales de su despacho. Que igualmente el Consejo Superior de la Judicatura, proceda a proveer de Jueces auxiliares cada despacho del país, para que en un proceso de descongestión, sean esas mismas unidades, las encargadas de poner al día nuestro precario sistema judicial. 

Urge que la ciudadanía reclame permanente y en forma diaria, una oportuna, pronta, inmediata, eficaz y justa, administración de Justicia. Que los derechos de unos y de otros, sea objeto de estudio y análisis sin dilación y que la convivencia social sea un objetivo de corto alcance, cuando los despachos judiciales ofrezcan una atención y un respeto por el ciudadano que concurre a buscar un apoyo a su conflicto y una solución al mismo, incluso que se elimine paulatinamente la exigencia de la representación judicial por el Abogado, para que haya un acompañamiento directo sin intermediario entre el Juez y el ciudadano del común.

Aquí, seguiremos siempre fieles a recordar que el ejercicio del Derecho, no puede ser exclusivo de los togados y que los ciudadanos del común deben y tienen que ser los principales protagonistas en los despachos judiciales, para bien de nuestra democracia.