Aquí entre nos y Mery Arce
Por Edgar Artunduaga
Cuando en el club social de Neiva, en sus mejores tiempos, alguien quería que se difundiera un chisme, se lo contaba a Mery Arce, miembro de una poderosa y respetada familia, que ha figurado en la política regional.
Doña Mery, una buena y noble señora, que en paz descanse, simplemente tenía el don de la comunicación. Tuvo con su marido Celiano Borrero, varios hijos: Eladio, Silvia, Rodrigo y Eduardo.
Eladio es famoso por dos episodios, el primero, la construcción del Centro Comercial Los Comuneros, de donde habría salido muy rico, después de andar paseando por toda la ciudad el complejo de ser Borrero y Arce, pero pobre. Los más viejos lo recuerdan en su estrecha relación con Jorge Arce Vanegas, su pariente, a quien por su mirada fea, casi malévola y peores expresiones, le dicen “satanás”.
El segundo asunto lo involucra en un telaraña de negocios torcidos e influencias políticas (uy¡¡ senador) para beneficiarse de la feria de bienes y saqueos en la antigua dirección de estupefacientes.
Otro huilense, Adolfo Castillo, conocido como “montillo” (exsalesiano), hijo de un viejo ganadero, un patriarca regional, que lucía bien pero terminó mal, secuestrado y muerto por la guerrilla o una guerrillera que le gustaba.
La historia de Adolfo Castillo –lo cuenta bien El Espectador- comenzó en 2010, cuando se convirtió en depositario de bienes incautados a la mafia. Según la Fiscalía, lo logró luego de pagar una comisión de $3.000 millones a David Neira y a Eladio Borrero, otro de los intermediarios. Fue designado depositario de unas estaciones de servicio que pertenecían a la familia Alvarado en proceso de extinción de dominio.
Las sociedades Movilgás Limitada y Estaciones de Servicio Alvarado y Compañía, de la familia Alvarado, pasaron a manos de Casamotor, la empresa de Adolfo Castillo..
Castillo movió sus fichas a través de Neira para que seleccionaran a otro administrador y así convertirse en arrendador de los inmuebles.
La DNE nombró a Petroquality como nuevo depositario de los bienes de la familia Alvarado. La Fiscalía descubrió que ese mismo día le entregaron un poder a Eladio Borrero –el socio de Neira– para representar a Petroquality en una junta extraordinaria de las sociedades de la familia Alvarado. Borrero logró que se decidiera que las estaciones de servicio se arrendaran.
La firma Bienco S.A., propiedad de César Leonel Giraldo, acomodó cifras que le fueran convenientes a Castillo y Casamotor. Se pactó que el arrendamiento por cinco años sería por $6.046 millones en total. Castillo, en vez de recibir un 8 % de utilidades como depositario, pagaría de alquiler casi $100 millones y se quedaría con $272 millones mensuales. El negocio se vino a pique el 27 de enero de 2011, cuando la Fiscalía cerró el proceso de extinción de dominio.
Entonces se ordenó devolver los bienes a la familia Alvarado. Y es aquí donde la cosa se complica y van a parar a la cárcel (o ya salieron?)
La fiscal dice que Eladio Borrero solicitó que los pagos se le hicieran a cuentas de tres personas de su entera confianza: María Gisela Vivas Montealegre, Ingrid Montealegre Murcia y Lina María Borrero.
