Ante injustificables atropellos

Ante el proyecto de construir nueva y gigantesca hidroeléctrica  en el Huila, denominada “El Quimbo”,  luego de haberse puesto en funcionamiento la de “Betania”, con presentación muy positiva en toda Colombia, hubo, en general, entusiasta acogida a esa nueva obra. Sobre Betania pronto comenzaron fundadas críticas por la perdida en la inundación de 3.000 hectáreas de excelentes tierras, por el poco beneficio para la región del fluido eléctrico, por el incumplimiento de adecuación  de hectáreas para la producción agrícola como compensación de las inundadas.

Apenas iniciadas las gestiones de construcción de la nueva represa comenzaron serias críticas, pero se tildó la oposición de intención política. Los defensores de esa empresa, desde el principio, recurrieron a toda clase de argumentos y ardides  para defenderla a toda costa, y descalificaron toda crítica en contra así fuera desde ponderados sectores de opinión.

Se hizo insistentemente la gran pregunta sobre si se había balanceado debidamente lo que se ganaría con esa hidroeléctrica y la inmensa riqueza de tierra que se sepultaba bajo sus aguas, así como sobre la hecatombe ecológica que con ella se iba a gestar y la afectación climática que surgiría. Se puso de manifiesto que era indispensable  asegurar la necesaria  justa recompensación  económica para todos los humildes propietarios  de las tierras que iban a ser anegadas. Toda advertencia fue ignorada, lo mismo, y más grave, los compromisos de justa compensación ofrecida.

Múltiples advertencias hicimos desde distintos sectores de la opinión sobre la gravedad de cuanto se estaba perpetrando,  con buen despliegue  p.e. acogió el Diario del Huila (21-04-12) un reclamo mío  de que, ante la ya imposibilidad de no llevarla adelante, pero que se la detuviera hasta que se asegurara que todo se efectuaría con los debidos cumplimientos en defensa de la ecología y justicia con los humildes agricultores desplazados.  Sesiones especiales dedicó el Parlamento y presentó esas mismas tan ponderadas exigencias, pero  a todo  fueron oídos sordos de parte de los ejecutores y de las entidades gubernamentales encargadas de vigilar y exigir detalles de definitiva trascendencia.

Pasando por encima de todos esos llamados, bajo la mirada impasible del Gobierno, se llega a completar las obras hasta poner en marcha las turbinas de la hidroeléctrica. Se realiza ello con palpables incumplimientos en innumeros casos  de justa compensación con centenares de humildes propietarios, a quienes se los ha trasladado a tierras  inhóspitas, sin cumplirles con provisión de agua, nisiquiera con escritura pública de esos terrenos. También, grave injusticia al hundir bajo las aguas la venerada Capilla histórica de San José de Taperas, sin dar ninguna seguridad de cumplir en construir su reemplazo.

En esas condiciones, a ciencia y conciencia de esos graves incumplimientos de parte de la empresa constructora, el Gobierno nacional, por encima de claras advertencias, da orden de poner en marcha la hidroeléctrica. Afortunadamente, Magistrados del Tribunal Administrativo, con coraje y gran carácter, salieron en defensa de los derechos de los humildes y dieron la orden, avalada por la Corte Constitucional, de detener el funcionamiento de la hidroeléctrica hasta que se garantice, realmente, el  cumplimiento de la empresa con obligaciones de la más elemental justicia.

Pero se ha empeñado, luego, el Gobierno, cómplice de esas manifestas injusticias, en buscar que se haga caso omiso de tan justificada medida, y querer justificar los gravísimos atropellos cometidos engrandeciendo los perjuicios que traería la detención del funcionamiento de la hidroeléctrica, con la pretensión que su funcionamiento es indispensable para hacer frente al “fenómeno del niño”, y por grave envenenamiento de agua si no se la mantiene en funcionamiento. Con bien montada alarma de catastróficas consecuencias, quieren, ahora, no contentos con la inundación de tierras ahogar con manifiesto atropello derechos justísimos de los más débiles.

Ante este ese magno e injustificable atropello no se ha sentido al Gobierno intervenir en forma confiable, para que se cumpla de parte de la empresa a las gentes que están padeciendo grave injusticia, sino queriendo dejar de lado la medida que a favor de ellas se ha dado, y torciendo, también en esto, a la opinión pública, para que a la luz de toda Colombia se cometa injusticia de tan inmensa proporciones.

¿Qué hacer?: pues exigir a la empresa constructora que dé seguridad efectiva al cumplimiento de sus obligaciones, de lo contrario ella y el mismo gobierno, son los culpables de los graves males, al no funcionar la hidroeléctrica, pues no se puede levantar la justísima medida de que no funcione hasta que no se garantice el no atropello de los damnificados. Sin eso debe seguir en firme la medida. Con dignidad, honorabilidad y real justicia, se ha de resolver este gran problema, y no con injustificables atropellos con evidente desmoralización, mas grave que las catástrofes con que quieren chantajear a gentes humildes, y a todo el país.