Amenaza a la tutela
Ayer el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, reveló que el Gobierno Nacional hará consultas para determinar si es posible crear un mecanismo que permita limitar la tutela para que ésta no se convierta en un negocio para favorecer grandes intereses económicos.
En otras palabras la propuesta lo que busca es atentar contra el derecho a la igualdad, pues la tutela no se hizo para las clases menos favorecidas, ni mucho menos para los poderosos de este país, el espíritu de la norma busca hacer valer los derechos fundamentales que no pertenecen a una clase determinada.
Ni más faltaba, por ejemplo, que el ‘debido proceso’ (Artículo 29) sea para unos pocos y que entonces una persona adinerada no lo pueda invocar por el solo hecho de ser ‘poderoso’, como lo estima el ministro.
Ya es hora de que se deje de creer que los derechos fundamentales son para unos pocos. No, están equivocados quienes creen esto. Lo que sucede es que la justicia está desprestigiada y en casos particulares se ha visto cómo los jueces de tutela de manera expedita deciden a favor de ‘poderosos’, lo que en ningún momento quiere decir que todos los administradores de justicia sean así.
Por otro lado, es necesario afirmar que si en algo falla la tutela en este país es en el sistema de salud, sector donde a diario es necesario utilizar este mecanismo judicial para hacer valer los derechos. Todas estas sentencias favorables –o desfavorables- en el sistema de salud lo que demuestran es que el problema de fondo no es que utilicen para determinados hechos la tutela, sino que los problemas de la administración (ejecutivo) son tan graves que obligan a los ciudadanos a invocar este apetecido instrumento constitucional.
La tutela no se debe modificar, más cuando es el escudo que hace valer el Estado Social de Derecho. Este amparo constitucional es la garantía del bienestar general y pretender determinarla según la clase social, es discriminar a un determinado sector de la sociedad.
