Al Señor Gobernador del Huila

Decíamos en nuestra Columna del pasado 28 de junio: “El Huila no tendrá zonas veredales ni campamentos de desmovilización” (de las FARC) así hayamos sido duramente golpeados por el conflicto. Hoy nos preguntamos ¿y eso de no tener zonas veredales ni campamentos de desmovilización es bueno o es malo?

Veamos. Municipios como Gigante, Pitalito, Garzón, Neiva, Colombia, Baraya, Hobo, La Argentina, La Plata, Isnos y Algeciras, para no mencionar sino algunos de los más afectados, ¿serían candidatos para recibir los beneficios de la estrategia del posconflicto?

Porque los beneficios, de acuerdo a lo expresado por el Dr. Rafael Pardo, ministro para el posconflicto, incluyen la construcción inmediata de pequeñas vías terciarias para 70 municipios; la firma de ‘CONTRATOS DE PAZ’ en los departamentos; la aprobación de un plan de recuperación de 350 municipios afectados durante 50 años de guerra y la adopción del plan ‘IMPUESTOS POR OBRAS’, que significa que se pueden pagar impuestos con obras en las zonas que fueron de guerra.

De su habilidad y persistencia, Señor Gobernador, depende que a nuestro departamento no lo vayan a dejar anclado -como la nave del olvido- en los beneficios del posconflicto.

Como Ud. bien sabe, ya hay un programa establecido para las zonas donde van a dejar de estar las FARC, para que no sean ocupadas por otros grupos ilegales. Un dispositivo muy amplio de la Fuerza Pública va a copar esos municipios y tendrá una “estrategia de respuesta rápida”, que es un programa de acciones inmediatas del Gobierno, a saber: justicia alternativa, fortalecimiento de juntas comunales para la contratación de mantenimiento de vías, focalización de reparación individual a víctimas de las FARC y apoyo a la producción agropecuaria. Son más de 1.200 proyectos.

En los 350 municipios, que aún no sabemos cuáles son, se va a iniciar un programa de microcrédito, con el Banco Agrario y con una alianza de bancos privados. Es un programa de créditos pequeños a personas que no tienen historial de crédito. Y la ventaja del microcrédito es que requiere una supervisión muy cercana, pero no exige garantías hipotecarias o historia crediticia.

El Gobierno, a través del Banco Agrario, tiene la meta de cubrir a 300.000 personas a partir del segundo semestre de este año, y 200.000 con la alianza de bancos privados que recibirán fondos de la USAID. (Agencia de EE.UU. para el Desarrollo Internacional). Es decir, habrá microcréditos para 500.000 personas en 350 municipios que han sido afectados por el conflicto durante cinco décadas, pero no sabemos si incluyeron a los municipios del Huila que mencionamos anteriormente.

Y aquí no estamos hablando de exguerrilleros o de exmilicianos sino de habitantes de 350 municipios. De campesinos que requieren que la paz con la guerrilla sea una paz territorial, y esto significa mejores condiciones para los habitantes de las zonas que han cargado con el peso del conflicto. Los acuerdos con las FARC tienen que tener como base inamovible que los campesinos mejoren sustancialmente su manera de vivir y progresar.

Los campesinos necesitan tener posibilidades de ingresos, y para tenerlos necesitan producir, y para producir necesitan crédito. Otros requieren empleo y todos requieren mejores vías, escuelas y centros de salud. Donde ha habido conflicto no hay nada de eso. Se trata de recuperar 50 años perdidos en su desarrollo.

En los 350 municipios escogidos viven cerca de siete (7) millones de colombianos. Es, aproximadamente, el catorce por ciento (14%) de nuestra población. Por allá es donde se siembran los cultivos ilícitos, proliferan las máquinas de la minería ilegal, y hacen de las suyas las bandas criminales. Es necesario integrarlos a la producción y a la legalidad con la activa participación del sector privado.

La próxima semana el CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) se reunirá para aprobar la estrategia del posconflicto a 10 y 15 años. Ese es un paso fundamental para asegurar la continuidad del proceso de paz porque las decisiones del CONPES son vinculantes.

En cada departamento o municipio y con la activa participación de la comunidad se hará un contrato para este propósito, que se denomina ‘CONTRATO-PAZ’, en el cual la Nación se compromete a realizar ciertas obras e inversiones, el departamento otras y el municipio otras, con una amplia participación de la comunidad. Es un contrato de Estado.

El presidente tendrá facultades extraordinarias, después del plebiscito, para implementar los acuerdos y dictar decretos con fuerza de ley. Los próximos gobiernos, sean cuales fueren, no podrán desconocer los acuerdos y los contratos de paz.

¡Pilas, Señor Gobernador, para que Ud. logre una eficaz “justicia distributiva”!