Afrenta jurídica

Esta iniciativa gubernamental, buscaba superar los escándalos suscitados por los actos de corrupción que se han divulgado ampliamente en los medios de comunicación, por decisiones que demostraron a la opinión pública la falta de ética y de sindéresis, frente a actuaciones que atentan contra dignidad nacional por la promulgación de fallos que solo beneficiaban a sus miembros y a personas afines a sus afectos.

Tal situación generó un ambiente de rechazo unánime en toda la sociedad colombiana, que obligó al Gobierno Nacional a presentar a consideración de Congreso de la República este Proyecto de Acto Legislativo, que fue debatido ampliamente por todos los estamentos académicos y de las bancadas políticas, que tienen representaciones en el poder legislativo nacional. El país estaba pendiente de esta revisión Constitucional, que el miércoles anterior por mayoría absoluta, rechazó dicha iniciativa y revivió nuevamente a esta corporación, lo cual ha generado un rechazo general en las fuerzas vivas del país, de quienes todavía creemos en la decencia, la ética y en el respeto del ordenamiento jurídico de la nación.

La actuación de la Alta Corte se constituye en una seria afrenta jurídica para el Gobierno Nacional, quien anunció que iba a presentar nuevamente una reforma integral al poder judicial, buscando una salida que conduzca a recuperar la confianza de la imagen en estas corporaciones que han venido siendo cuestionadas por las actuaciones de algunos de sus miembros y que no tienen una instancia superior para que realicen las indagaciones preliminares y en casos de que se comprueben hechos delictivos, puedan ser judicializados y condenados por los actos punibles cometidos, que a la fecha, la Comisión de Acusaciones de la Cámara ha sido inoperante e ineficaz desde que fue creada porque nunca ha proferido una sentencia condenatoria o absolutoria contra los magistrados de las Cortes y demás funcionarios del alto gobierno.

Esta decisión que altera el equilibrio de poderes, ha polarizado la opinión pública en favor y en contra de la misma. Inclusive, las Facultades de Derecho de las Universidades donde se ofrece esta carrera, han salido a defender la profesión del derecho, por la estigmación a que han sido sometidos al escarnio público debido al accionar antiético de algunos abogados, cuando desarrollan su labor profesional en los cargos públicos o en el litigio ante las instancias en las Altas Cortes. Si la iniciativa gubernamental persiste para la creación de este Tribunal, la opinión pública estará pendiente de los debates que se susciten, pero la pregunta que nos hacemos, es: ¿quién designará a los miembros de las Cortes para evitar la politiquería, sobornos, corrupción y el roscograma de nombramientos que actualmente han sido denunciados públicamente, sin que existan medidas eficaces para someterlos a la justicia? Lo importante es defender la Corte Constitucional, que debe ser el símbolo de la transparencia y pulcritud de la Carta Magna del país.