Adopción y abandono infantil

Gran revuelo en ciertos círculos que se pregonan de intelectuales, ha causado la decisión de la Honorable Corte Constitucional, al no dar vía libre para que por parte de parejas gay, se puedan adoptar niños en Colombia, limitándolas exclusivamente a aquellas parejas que siendo padres biológicos, puedan adoptarlo dentro del grupo que han conformado en su vida privada.

No hemos de referirnos en éste momento a los factores que determinan la existencia de la homosexualidad, como una tendencia de los seres humanos en la libertad, para adoptar comportamientos que sean compatibles con su forma de vida, con su formación personal y por qué no, con sus genes hereditarios o sociales a los que han llegado.

Es importante que se desligue de este análisis, las consideraciones religiosas o de culto que sirven más para dividir y censurar, que para acercar o unificar criterios. Está mal visto entonces, que los movimientos religiosos se apersonen de una situación que solo es competencia de la sociedad civil y que se corresponde a la responsabilidad de quienes equivocadamente han sido llamados “padres de la patria”, o congresistas de la República.

Las sociedad en formación como la nuestra, que se debate en el vaivén de una corrupción espeluznante, donde lo que importan son los recursos económicos y la forma de distribución de estos, o el lobby que es necesario hacer para modificar las estructuras del Estado, como lo hizo Uribe en su momento para modificar un articulito de la Constitución y obtener la reelección, o los micos que los mismos congresistas llevaron a la reforma de la Justicia, para que fuera inoperante, son parte de la suma de los elementos que tienen que hacernos pensar, que por ahora, temas, como el del matrimonio y la adopción por parte de parejas gay, no son del resorte y de la importancia del legislador, a pesar de sé que constituyen en el movimiento diario de una población creciente.

Hemos de adicionar además que los elementos culturales de nuestra nacionalidad, juegan un papel protagónico, aunado al hecho de la pauperización social en la que vivimos y a todo ello, ha de sumársele la desidia estatal, la ausencia de gobernabilidad en políticas criminales, en políticas fiscales y sobre todo en políticas de protección de la infancia, de la adolescencia y de la tercera edad.

Un Estado que tiene el gobierno que actualmente nos regenta, no puede equipararse a las organizaciones sociales de países desarrollados, y querer emular comportamiento o formas de ser y de hacer de aquellas, no son más que viejos sueños de un ilusionista que no está al alcance de nuestras manos.

Por ahora, no descarguemos la furia y no exijamos a la Corte Constitucional que trastoque el papel que le corresponde en cuanto tiene que ver con el estudio de las normas y su aplicabilidad con respecto a la Constitución vigente. Ellos no pueden legislar por quienes son tan corruptos que se niegan a hacerlo. La Corte Constitucional, no tiene por qué ser, el lugar donde se corrigen y se rectifican las políticas institucionales de un Estado Social de Derecho, cuando el Legislador no asume la responsabilidad que le corresponde.

Preguntémonos finalmente, cuáles son las políticas proteccionistas de la infancia y de la adolescencia?, Para qué sirven esas instituciones que han sido creadas para ese fin, cuando hacen parte de un juego politiquero y son el rezago de una sociedad decadente, sin proyección y sin una orientación sociológica acorde con el mundo moderno.