Adiós a las cláusulas de permanencia

Idealmente se justifica que un suscriptor se obligue a permanecer como tal durante un plazo considerable si a cambio de ello el proveedor de esos servicios le ofrece tarifas comparativamente más baratas o le vende el correspondiente terminal con un descuento significativo.

Lamentable no sucedía así en el mercado de la telefonía móvil en Colombia, tal como lo intuían muchísimos suscriptores y lo confirmó con rigor y seriedad la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC). Por esa razón publicó la semana pasada la Resolución 4444 de 2014, en virtud de la cual a partir del próximo 1º de julio no se podrán imponer cláusulas de permanencia mínima en los servicios de comunicaciones móviles.

La decisión de prohibirlas está soportada en un documento –disponible en la página web de la CRC– en el que la entidad revela el triste panorama del abuso del que venían siendo víctimas los clientes de la generalidad de los operadores al momento de adquirir un terminal, supuestamente subsidiado. Una suerte de complot en el que incluso podían estar amangualados los fabricantes.

Dicho documento contiene un estudio minucioso del precio de los diferentes equipos combinado con planes de minutos y el espejismo de mejores condiciones, a cambio de permanecer atado durante años a un operador. Simple y llanamente: la venta de terminales era una fuente de indebido enriquecimiento, como lo probó la CRC de manera indiscutible.

Valga el reconocimiento a esta entidad, uno de los tres mejores reguladores de Latinoamérica. A pesar de las críticas interesadas y perversas que recibe muchas veces de los regulados, en su haber se encuentran al menos diez decisiones históricas que le dieron efectivo y comprobado alivio a los bolsillos de los consumidores colombianos. Para que esto siga sucediendo y se garantice su independencia y seriedad, es necesario que se fortalezca más en lo institucional.

Víctima de su propio éxito, paulatinamente se le han venido agregando competencias en el sector postal y en televisión, lo cual puede generar una sobrecarga en desmedro de la calidad y oportunidad de sus decisiones regulatorias.