Adiós a los niños ‘fantasmas’

Con este decreto la matrícula contratada que hacen los colegios públicos con instituciones privadas (cuando no tienen capacidad para acoger más alumnos), fija requisitos estrictos para garantizar que no haya casos de niños ‘fantasma’ por los que se paga y no están matriculados o que por demoras en la contratación se inicie de forma tardía el año escolar.

De acuerdo con Víctor Saavedra, viceministro de Educación Preescolar, Básica y Media, a Colombia le cuesta este tipo de contrataciones 1,16 billones de pesos al año. Según él, en este momento más de 10 de las 95 secretarías de Educación que hay en el país, contratan más del 30%.

De ahora en adelante se va a tener que acudir a un Banco de Oferentes, para hacer el proceso más transparente y para qué alcaldías y gobernaciones, solo contraten cuando sea estrictamente necesario.

El funcionario agregó que se exigirá un mínimo de experiencia para los potenciales prestadores del servicio educativo, 5 años para los establecimientos educativos no oficiales, para las iglesias y confesiones religiosas y 10 años de experiencia en prestación del servicio educativo para los prestadores que pretendan suscribir contratos de administración por licitación.

De acuerdo con cifras del Gobierno, hay  en la actualidad la contratación del servicio educativo en el país por esta modalidad es del 9,4%, es decir, 738.957 estudiantes de transición a media.

Es lamentable que el Gobierno tenga que expedir un decreto para ‘controlar’ la presunta mala fe de los contratistas de la educación. ¿Será que se puede esperar un futuro en la educación cuando hay mercaderes que tienen niños ‘fantasmas’ que representan miles de millones de pesos al Estado?

Ojalá estos nuevos controles y mecanismos que buscan la transparencia en la educación no sean peores y se presten para mayor tráfico de influencia. No es justo que los administradores de la educación se usufructúen de algo tan necesario para los menores como es el derecho a ser educados.