Acuerdo II. Injusticia

El acuerdo del Gobierno con las FARC en materia de justicia, es un acuerdo de impunidad. En lugar de fortalecer nuestra justicia,  crea una justicia especial para la paz, creando un Tribunal por encima de las altas cortes, burocratizado y direccionado por esa guerrilla, con el propósito de aplicar justicia transicional, que bajo nuestra justicia ordinaria ya se había aplicado. Crea un tribunal de superior jerarquía que incluso puede revisar sus fallos en firme, violando el principio de cosa juzgada.  

Homologa ONGs como si fueran fiscales, para que acusen ante esa jurisdicción a cualquier colombiano que ellos consideren es responsable de ayudar un grupo ilegal. Imaginemos un momento, una ONG, de las mismas que han participado con falsos testigos tratando de inculpar un ciudadano inocente, o ¿qué pasaría si las mismas FARC dicen que recibieron dinero de un agricultor o comerciante del Huila? Tendrá la obligación el extorsionado de probar su inocencia, en un proceso donde se aplica el sistema penal internacional invirtiendo la carga de la prueba. Es decir no están obligados a probarle su culpa, sino el acusado de probar su inocencia. La extorsión es un delito que comenten asustando generalmente con llamadas. ¿Quién guarda de recuerdo una llamada que difícilmente fue grabada? Nadie. Le quedará la posibilidad de aceptar el delito o pasará los siguientes 20 años en la cárcel.

Ya lo había dicho marcos Calarcá, esta JEP no es para las FARC, sino para los responsables del conflicto armado según ellos. Periodistas, políticos, empresarios, militares, policías y cualquiera que sientan que se atraviesa en el camino hacia el poder.

Los miembros de las FARC, no pagarán un solo día de cárcel, como lo contempla el acuerdo en el Art. 60      que recibirán unas penas simbólicas que pueden combinar con el ejercicio político desde el Congreso, Alcaldía, Gobernación o incluso desde la presidencia de la República. ¿Dónde queda la autoridad moral del Estado para castigar a cualquier delincuente de aquí en adelante? O ¿cómo podemos justificar la cárcel para quien robó en Cali una pasta de caldo Maggi para dar de comer a sus hijos, y no a los responsables de violaciones a niñas de 10 añitos? No solo incumple nuestro ordenamiento interno, sino el Estatuto de Roma, que hace parte de nuestro bloque de constitucionalidad, y en su Art. 77 obliga a castigar con reclusión los crímenes de lesa humanidad, de lo contrario, le daremos jurisdicción complementaria a la CPI, como lo advirtió su fiscal. En el Salvador acaban de declarar inconstitucional un acuerdo parecido de impunidad de 1993, por su propia Corte. Lo mal construido se cae.

El acuerdo en su Art. 38 legaliza el asesinato de policías y soldados, como forma de lucha política y en el Art. 39 cambia el tipo penal del secuestro y lo justifica como una aprensión de combatientes, pisoteando la dignidad humana, como si su vida no valiera y mucho menos el honor militar.

Y lo más grave, sin justicia hay mal ejemplo para estimular el delito. Recordemos que aún hay ELN, cinco GAO, que son la evolución de las Bacrim, construyendo manifiestos sociales y políticos para seguir la ruta de las FARC, y daremos motivos para aplicar la justicia de hecho, o por propia mano como se conoce. Este acuerdo nos aleja de la verdadera paz.