Una vez conocido el pronunciamiento de la Corte Constitucional, para que no se abuse de las facultades otorgadas para aprobar las iniciativas de las Leyes y Actos Legislativos por parte del Congreso de la República, sobre los excesos de iniciativas gubernamentales que han querido aprobar, mediante la utilización del mecanismo del Fast Track, el gobierno nacional siguió insistiendo para que fueran aprobadas en bloque, el articulado. Tradicionalmente, siempre han existido los debates necesarios y la valoración de cada uno de los artículos que la componen, por parte de cada uno de los miembros del parlamento colombiano que así lo requieran. Estas votaciones tanto en comisiones como en plenarias, se decidieron sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno; en una sola votación se decidiría sobre la totalidad de cada proyecto, con las modificaciones avaladas por el Gobierno. Algunos expertos nacionales, han expresado que este fallo ha puesto en jaque el proceso de implementación del Acuerdo Renegociado de Paz y que ha sido una profunda equivocación haber emitido esta sentencia. Pero lo que sí es claro, es que no podemos pasar por encima del ordenamiento constitucional. Para ello, se establecieron previamente unas reglas que deben ser atendidas por todos los actores públicos, para adelantar este proceso, con el fin de evitar futuras demandas de ilegalidad, que pueden acarrear y dar al traste con todo lo actuado. Debemos seguir insistiendo en la búsqueda de la paz con todos grupos insurgentes, pero teniendo siempre de lado, la Ley y las normas establecidas para tal efecto.   

Lo anterior ha provocado que el Secretariado de las Farc, congelen los avances que han tenido hasta la fecha, dentro del cronograma previamente acordado con el gobierno nacional. La entrega y registro de armas que se adelantaba en presencia de las Naciones Unidas, ha queda suspendido hasta nueva orden, en los campamentos de las 26 Zonas Veredales de Normalización. Esta situación es preocupante, porque se detiene un proceso que se encontraba cumplimiento de acuerdo a lo acordado en el contenido del documento, suscrito entre las partes y con presencia de la veeduría internacional encabezada por la ONU. Es indispensable buscar con urgencia, una solución de fondo, que les brinde las garantías jurídicas planteadas anteriormente, para lograr el total desarme de la guerrilla, más antigua del continente americano. Reconocemos que nos es fácil lograr este objetivo. Aunque se transiten caminos tortuosos y difíciles, no podemos borrar de un tajo, todo ese esfuerzo emprendido por el actual primer mandatario de los colombianos. No podemos perder la confianza en lo actuado. Las comunidades que viven en las áreas de influencia que, en otrora, operaban las Farc, esperan ansiosos que se culmine de una vez, toda esta fase de implementación del Acuerdo, para terminar de manera definitiva el calvario narcoterrorista, que vivieron durante más de cinco décadas.