A engavetar procesos

Queda claro para la comunidad nacional, que uno de los asuntos que afectan la Administración de Justicia tiene que ver con la morosidad y el represamiento en la resolución de los conflictos judiciales, está enmarcado por una práctica que anteriormente se adjudicó a mañas secretariales y se fue extendiendo, incluso, para que se aplique directamente hoy en día, desde el citador de un despacho judicial hasta por los mismos Magistrados, como se ha advertido en sendos casos del cacareado chivo expiatorio Pretelt.

Tiene que ver con engavetar el proceso, en el cual, hay profesionales del Derecho que se han especializado según se advierte, en dilatar proceso y por la otra, en ir soltando pequeñas o gruesas sumas de dinero, para que una actuación se retrase o salga sin respetar lo que anteriormente se denominó “el turno” para la práctica de las diligencias en los periodos de citación de la otra parte, en la etapa probatoria y cuando el proceso pasa para el fallo, y lo cual no ha sido superado incluso, con las listas obligatorias que debe conservar cada despacho judicial, en la puerta de acceso de cada una de sus oficinas, ni con las odiosas visitas que hace el Consejo Seccional de la judicatura en cada despacho en Colombia y sin que se conozca realmente su estado y su situación.

Se hace alusión a la forma como muchos funcionarios públicos a sabiendas de la responsabilidad que tienen por sus actuaciones, contratan y pagan a quienes fungen como sus apoderados, para que la investigación en su contra, el proceso de la empresa que defienden o en el cual tengan interés, vaya durmiendo el sueño de los justos, sin actuación alguna, o que llegue pronto e inmediato a una solución sin respetar el orden y las etapas propias del proceso, lo cual tiene un costo, incluso, como se ha llegado a afirmar, de que después de producirse una providencia adversa a las pretensiones, la sentencia que materialice dicha decisión, no se publique oportunamente, no se notifique en debida forma, para que cuando se haga, se convierta en una pieza de museo o no tenga la efectividad requerida para ello.

Sin perjuicio todo ello, del fenómeno de la prescripción de las actuaciones judiciales, en las cuales nuestro Estado de Derecho ha sido muy complaciente con sus propios gestores, por cuanto en una verdadera democracia, un proceso que pueda llegar a la prescripción debe involucrar una responsabilidad disciplinaria y penal, para los funcionarios encargados de aquellos y su omisión en la celeridad y eficacia de sus decisiones, tiene y debe ser objeto de la sanción correspondiente.

Esta es una simple imagen de esa corrupción que los entes de control han pasado en forma inadvertida y han sido permisivos, por cuanto se corresponden con compromisos, padrinazgos, tráfico de influencias y en fin, por toda esa maraña de corrupción a la que nos hemos habituado de tal manera, que ha valido para que nuestro Congreso de la República y nuestros gobernantes, se mantengan en el poder, gestando mermeladas, cambiando articulitos o en síntesis, desbaratando este país y el sueño de sus pobladores.

No tenemos esperanzas, no hay la más mínima posibilidad de reivindicar nuestra Administración de Justicia, mientras no haya un juicio de responsabilidad histórica a la clase política y no empecemos por reconocer que hemos sido complacientes con el delito, que hemos patrocinado y apoyado todas las formas de vandalismo institucional, cuando hemos elegido a los mismos sicarios morales, éticos y que bajo el rostro de la política han terminado en la politiquería que hoy nos domina, han ocupado y siguen ocupando los roles de la Administración Pública que generaron este drama y esta situación de abandono y de corrupción en donde estamos.

Mientras sigamos en este rol, no habrá Justicia, ni Paz, ni convivencia, en una palabra, NO TENDREMOS PAIS.