viernes, 03 de abril de 2026
Opinión/ Creado el: 2014-04-15 08:09

A cumplir la ley

El derecho fundamental al mínimo vital fue reconocido en el año 1992,

Escrito por: Redacción Diario del Huila | abril 15 de 2014

y desde ese momento en forma extendida y reiterada por la Corte como un derecho que se deriva de los principios de un Estado Social de Derecho (dignidad humana y solidaridad) en concordancia con los derechos fundamentales a la vida, a la integridad personal y a la igualdad en la modalidad de decisiones de protección especial a personas en situación de necesidad manifiesta.

El objeto del derecho fundamental al mínimo vital abarca todas las medidas, con el fin de evitar que la persona se vea reducida en su valor intrínseco como ser humano, debido a que no cuenta con las condiciones materiales que le permitan llevar una existencia digna.

Como vemos es una norma que data del año 1992 y aunque es norma constitucional, no ha sido posible que se entienda y se cumpla de esta manera.

En las últimas horas, a propósito de un fallo judicial, la Corte recordó que el Estado está en la obligación de proteger a los ciudadanos que sufren situación de debilidad.

Al fallar una tutela, recalcó que a todas aquellas personas que certifiquen que no tienen los recursos suficientes para pagar el servicio de agua, el Estado deberá suministrar mínimo 50 litros del líquido diarios y en forma gratuita.

La advertencia de la Corte se fundamenta en el artículo 13 de la Constitución Política de Colombia el cual establece que el Estado está en la obligación de proteger a los ciudadanos que sufren situación de debilidad.

Este pronunciamiento se da al amparar los derechos de una familia quienes argumentaban que no contaban con agua potable por no contar con los recursos para pagar el suministro del líquido vital.

La situación de esta familia es más que general en el país y no es ajena a Huila, solo que muchos de los que hoy no cuentan con las condiciones económicas, desconocen la norma y por lo mismo no hacen valer sus derechos.

Es responsabilidad de alcaldes, gobernadores y de todos, hacer valer este derecho que aplica para los más necesitados.