A barrer la corrupción

En todos los ambientes de la opinión pública, se empieza a presentar un rechazo generalizado por los innumerables casos de corrupción que se están presentando en esta región, sin que exista una respuesta fuerte y coherente por parte de los Organismos de Control, que empiezan a adelantar las indagaciones preliminares y cuando se encuentran hechos que reflejan un verdadero detrimento patrimonial, se inician los procesos de investigación contra los funcionarios responsables del manejo de la ordenación del gasto, pero que desafortunadamente los expedientes se mantienen estáticos en los anales de las dependencias judiciales. Mientras las comunidades observan con tristeza y con rabia, que muchas obras públicas se encuentran paralizadas, otras ya terminadas con sobrecostos y con una deficiente calidad de los materiales utilizados durante su construcción, que enarbolan la bandera de la corrupción administrativa, sin que existan responsables por haber transgredido las normas de contratación pública.

Es tal el desespero y la indignidad de los neivanos, que ayer marcharon por las principales vías con escobas y bolsas de la basura, como una respuesta simbólica contra todos los actos corruptos de algunos personajes de la vida pública que han sido los responsables de cometer dichos delitos contra la administración pública y que se pavonean tranquilamente en los clubes y actos públicos, sin que tengan vergüenza alguna. Esta región es considerada por la Organización Transparencia como el tercer departamento más corrupto del país, de acuerdo a los informes de visibilidad que se realizaron a finales del año anterior. Aquí no se miden los hechos de corrupción, sino que expresa el riesgo en el que se encuentran por su capacidad de entregar información pública, bajo desarrollo de procesos y procedimientos administrativos para la toma de decisiones y su ejecución y la inoperancia de los controles a la gestión, tanto el control social como el control institucional, ya sean externos o internos.

Recientemente los medios de comunicación habían planteado ante la opinión pública, la preocupación por la calidad de procesos constructivos en la remodelación del estadio Guillermo Plazas Alcid, que colapsó el viernes anterior y que provocó 4 muertes y 10 heridos. La opinión pública exige respuesta a los organismos de control para que den respuesta sobre las causas estructurales que provocaron dicha tragedia. Se esperan que se abran procesos contra los funcionarios que firmaron los contratos y las actas de interventoría con el fin de determinar los culpables y las responsabilidades a que hubiere lugar por el cometimiento de este delito que transgrede las normas contractuales establecidas para tal efecto.  Es indispensable que se ejerza control social y que la ciudadanía tenga acceso a la información pública nacional, como una herramienta fundamental para avanzar en el fortalecimiento de los niveles de transparencia en Colombia.