29 años de luto y vergüenza

98 muertos -entre ellos 11 magistrados- y por lo menos 10 personas más desaparecidas, fue el saldo funesto de la acción guerrillera más beligerante y trágica de la historia nacional, pero a la vez la que más preguntas ha dejado sobre el accionar del Ejército y en general de los organismos de seguridad a la hora restablecer el orden.

Hoy, 29 años después, está comprobado que muchos de los que salieron vivos del lugar fueron asesinados, como también que la justicia, en fallo de segunda instancia (debidamente ejecutoriado) ya condenó a un oficial del Ejército como responsable de varios de esos excesos que terminaron con la vida de inocentes.

Fueron 27 horas de horror, en las que ilustres juristas rogaron (hay evidencias telefónicas) para que el Estado intentara una negociación con los subversivos que protagonizaron la beligerante y terrorífica acción, con lo que buscaban protagonismo político nacional e internacional. Hoy, recopilando las memorias de quienes estuvieron presentes o intervinieron en el hecho, incluidas las palabras del entonces presidente de la República, Belisario Betancourt, aquí hay acciones criminales inconsultas cuyos protagonistas hoy están siendo cuestionados o pagando ante la justicia.

Y es que las evidencias fueron tan contundentes y nuestra justicia tan lenta que fue necesario que las víctimas acudieran a  instancias internacionales.

Luego de una revisión minuciosa de los hechos, la toma al Palacio de Justicia de Bogotá fue catalogada como  “holocausto y masacre” por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por las evidentes irregularidades la indagación fue adelantada por los magistrados del respetable ente internacional y seguramente –no se trata de ser fatalistas-  terminará en condena para el Estado colombiano por la indudable cadena de errores y horrores que rodearon la operación militar.

El último reporte indica que la Corte Interamericana de Derechos Humanos -CIDH- dio como último plazo el día de ayer para que el Gobierno entregara el fallo de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que ratificó la condena de 35 años de prisión en contra del general (r) Jesús Armando Arias Cabrales por la desaparición de 11 personas  en la toma del Palacio de Justicia en 1985.

La sentencia contra el oficial en retiro, debidamente ejecutoriada y ante la que solo procede la “súplica”, será parte del material probatorio que requiere la Corte para condenar o no al Estado colombiano. Lo que se cree es que documento incidirá para que la Corte Interamericana declare la responsabilidad total o parcial del Estado en estos hechos y ordene medidas en materia de justicia y reparación a las víctimas. Es poco probable que nos absuelvan.

La Corte va a iniciar deliberaciones el próximo 15 de noviembre para tomar una determinación en febrero de 2015, fecha en que el mundo conocerá el fallo que como están las cosas no será muy halagüeño para los intereses de Colombia.