“Poveda y el derecho penal para el amigo”

El uribismo está muy caliente y de frente lanzando ataques contra el proceso de paz entre el Gobierno y las Farc, consideran que “es una paz ficticia y con impunidad”.

En ese orden cobra vigencia una columna que escribí hace seis años, denominada “Poveda y el derecho penal para el amigo”, en la que el ciudadano puede hacerse una idea de cómo se está polarizando la opinión en contra de este proceso de paz, ni más ni menos que con politiquería.

Este es su texto, repito, escrita exactamente el día 25 de marzo de 2010, en las postrimerías del gobierno de Álvaro Uribe Vélez.  

“Poveda y el “derecho penal para el amigo” 
es un análisis jurídico- político muy serio del magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Alberto Poveda Perdomo, sobre la inconveniencia del proyecto con el cual el gobierno pretende la intemporalidad de la ley 975/05, de Justicia y Paz y abre las puertas de par en par, para que todo individuo que cometa delitos de lesa humanidad en cualquier época y a nombre de un “grupo armado organizado al margen de la ley”, se beneficie sin responder por los daños causados a la sociedad.

Históricamente los innumerables procesos de paz nos permiten inferir que las normas penales alternativas en estos casos está dirigida, especialmente, para “amigos” o “enemigos”, según el gobierno de turno.

Desde el “Indulto Real de Perdón” concedido por el virrey Caballero y Góngora en 1.782 a los comuneros, hasta la expedición en el Gobierno Uribe de la ley 975 de 2005 de justicia y paz, que beneficia a las “Autodefensas Unidas de Colombia”, se han otorgado por lo menos 55 indultos y unas 15 amnistías.

El general Gustavo Rojas Pinilla, logró la desmovilización y el desarme de las guerrillas liberales, pero terminó privilegiando a los militares implicados en el fallido golpe militar contra el presidente Alfonso López Pumarejo el 10 de julio de 1.944, quienes recuperaron los grados militares y los sueldos dejados de percibir hasta 1.953.

La estrategia de paz del presidente Alberto Lleras, terminó en una suspensión condicionada de procesos penales por su reincorporación a la vida civil, sin perdón ni olvido.

El narcotráfico irrumpió en los años setenta y en connivencia con servidores públicos corruptos sembró la semilla del paramilitarismo para combatir el secuestro, la extorsión y el chantaje de grupos que en conversaciones de paz con el gobierno lograron beneficios.

El presidente Turbay Ayala, pese a su gobierno militarista propuso una amnistía condicionada con indulto para los presos políticos y hasta treinta días de suspensión de operaciones militares.

Belisario Betancur en el 84, promulgó una ley de amnistía, indulto y apertura política, que duró poco tiempo y la guerrilla argumentó para no deponer las armas la guerra sucia y la existencia de grupos paramilitares, como el MAS o “muerte a secuestradores”.

Con Virgilio Barco, el paramilitarismo ya era un hecho como táctica de lucha contrainsurgente, la guerra sucia contribuía a su consolidación, sin embargo hubo un acuerdo político por la paz con los grupos M19, Epl, Quintín Lame y el Prt.

En el periodo Gaviria, el país estaba angustiado por la racha de atentados y asesinatos de policías perpetrados por el narcoterrorismo con Pablo Escobar a la cabeza y, hasta se acordó una cárcel especial para él y sus cabecillas.

El presidente Uribe, el 15 de junio de 2004 inició un proceso de paz con las Auc, con antecedentes de casi un 40% por ciento del congreso cuestionado, y unos 12 congresistas condenados por parapolítica y en ese orden, el autor del libro hace una serie de consideraciones jurídicas acerca del futuro de porque “se cuestiona el monopolio legitimo de la fuerza por parte del Estado”, “Se corroe el poder de autoridad, y la sociedad observa impávida la aplicación de penas benignas a favor de los autores de los feroces crímenes” no mayores a 8 años.

Además, la ley de justicia y paz lleva cinco años de vigencia y no se conocen sentencias condenatorias, entonces cual es el afán del Gobierno Uribe de convertirla en una ley con efectos intemporales, porque los delitos de lesa humanidad y los crímenes ocurridos en Colombia podrán ser investigados por la Corte Penal Internacional. Felicitación al magistrado huilense Alberto Poveda, por este nuevo aporte al derecho penal contemporáneo, que es un referente para el debate y la crítica.