“Mátese media vaca…”

Está recién salido del horno, calientito, el decreto 0080 de este año, expedido por el gobierno municipal de Neiva, donde se establece que “Para la circulación de motocicletas con acompañante o parrillero en el perímetro urbano del Municipio de Neiva, su conductor debe ser el propietario de la misma.” Un decreto de la tipología jurídica de ‘mátese media vaca’, el clásico chascarrillo producto de las muy conocidas alcaldadas, tan comunes a lo largo y ancho del planeta. Acudiendo a normas constitucionales y legales, con juiciosas citas de capítulos, artículos, parágrafos, incisos y numerales, el alcalde y sus asesores, terminaron produciendo un ‘parto de los montes’. No entendieron nada del problema que tienen entre manos. Pero si terminaron cercenando derechos de propiedad y libre circulación –estos si tutelados por la Constitución Nacional–, de los propietarios de un vehículo legalmente reconocido, comercializado y usado en todo el territorio nacional.

Veámoslo. El gobierno nacional y los gobiernos locales, no han podido asimilar el impacto de la motocicleta, un vehículo de gran ductilidad, bajo costo de adquisición, operación y mantenimiento, que a lo largo de la última década se ha convertido en uno de los medios de transporte más usados por los ciudadanos colombianos, especialmente de los estratos medio y bajo en la escala social. No solo para atender las necesidades de movilidad familiar, sino  para distintas actividades laborales, incluyendo el ilegal e informal, mototaxismo. ¿Cuál es, entonces, la razón de la proliferación de las motos en nuestras ciudades y campos? Reiterémoslo. Su bajo costo de adquisición, operación y mantenimiento. Si comprendemos que el costo de una carrera urbana, para el propietario de una motocicleta bordea los 150-200 pesos, vamos a entender porqué el transporte público –llámese buseta, busetón o taxi–, tiene perdida la pelea. Porque el problema no es solamente el mototaxismo, que según estadísticas oficiales involucra en Neiva a cerca de 4.000 de estos vehículos, cuando el parque de motos redondea los 70.000 y se considera que cada moto baja, al menos dos personas del transporte público. Un estudio de la Universidad de los Andes, realizado en el año 2008, señalaba que este fenómeno iba a acabar con el transporte público de pasajeros en nuestras ciudades. Nadie le puso atención. Ni el gobierno nacional, que ahora ve como su fórmula voluntarista de los transmilenios o los sistemas estratégicos de transporte, –recomendados por el Banco Mundial–, naufragan en todas las ciudades,  por muchas razones, entre otras esta, y pretende que los alcaldes les resuelvan el problema como sea. Eso, al menos, fue lo que entendí del desapacible mensaje del director del DNP, Simón Gaviria, el día que socializaron el Plan Nacional de Desarrollo en Neiva.

Ahora, en gracia de discusión, supongamos que la medida logre acabar con los mototaxistas (que entre otras cosas reclaman el derecho al trabajo, que esta sociedad les niega). ¿Qué va a hacer la municipalidad, cuando en el año 2015 el volumen de motocicletas llegue a las 80.000 unidades o más, y en el 2019, fecha en que según lo planeado entrará en funcionamiento el SETP, superemos las 200.000 unidades? Si el gobierno de la época es parecido al del alcalde Suárez y sus asesores, puedo predecir que ordenaran… ¡matar la otra media vaca!