“Deje así”

Y como ocurrió con la reforma a la Justicia que el presidente Juan Manuel Santos debió hundir a las carreras hace dos años, va camino a demostrar que lo que está haciendo el Congreso no tiene nada que ver con la inconformidad de la gente con lo que existe y sí con acomodar el reparto entre los detentadores del poder y en recinto cerrado.

Mire usted el debate sobre el tribunal para los llamados “aforados”, aquellos funcionarios que son excluidos de la Justicia ordinaria en razón a sus cargos. Se dará cuenta que lo que quieren la gran mayoría de esos funcionarios, es decir magistrados, fiscal y etcétera, es mantener, con otro nombre, la Comisión de Acusaciones de la Cámara. Es decir, ratificar la institución según la cual hay personas en Colombia que no son iguales ante la ley y no deben responder por sus actos.

Y observe lo que está sucediendo con el sistema electoral. Por supuesto, nada de cambiarlo porque ello implicaría hasta quitarle el poder que tiene la Registraduría para intervenir en las elecciones, a las buenas o a las malas como ha sucedido en Cali. Hasta están tratando de incluir al Registrador entre los aforados. ¡Cómo le parece! A cambio, se devanan los sesos tratando de imponer el voto obligatorio, aunque sea “pedagógico”. Es decir, quien no vote no le pasa nada.

Y se trenzan en una discusión interminable sobre la lista cerrada o la lista abierta, que sólo les importa a los políticos que pretenden mantener las empresas electorales unipersonales, basadas en la chequera de los aspirantes, en el apoyo de los Gobernadores o de los traquetos o de los empresarios. Mientras tanto, el equilibrio de poderes está reducido a cerrar la puerta giratoria que permite a los magistrados que como Tarzán se transportan de bejuco en bejuco sin reato alguno.

Esos son algunos de los temas que concentran la atención del Congreso. Vera entonces porqué el Ministro del Interior, uno de los autores del engendro y ahora el más arrepentido de los arrepentidos, está tratando de limitar el asunto a tumbar la reelección. Es decir, al Gobierno ya no le importa aquello del tribunal y de cambiar cosas dañinas para la democracia participativa, sino evitar que le pase lo mismo que hace dos años con la reforma a la Justicia, a la cual tuvo que darle un golpe de estado para conjurar semejante horror.

Ahora pregúntese usted si es eso lo que estamos reclamando los colombianos. Si eso le da la transparencia que todos reclamamos a las instituciones. Si eso le devuelve a usted la confianza en la política y lo incita a votar y a creer en los personajes que hoy andan con el bolsillo lleno de billetes pagándole a los jefes de pueblos y comunas de a $50.000 por voto.

Verá entonces que la enfermedad no está en las sábanas. Es decir, no está en la Constitución que cambian como si fuera la causa de los problemas. Está sí en la pérdida de un valor que parece irrecuperable: la buena fe al ejercer la política o desempeñar un cargo público. Por eso, los cambios son sólo maneras de asegurar que no se traicionen los que tienen el poder, y que no tengan sanciones. Y con pocas excepciones, es una utopía creer que la política se haga pensando en el bien común antes que en la ambición particular. Es que estamos en el “deje así”.