Objetar la JEP, objetar la paz
Finalmente el domingo el presidente Iván Duque objetó varios artículos de la Ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz. Primaron las razones de quienes se oponen a la paz y que son seguidores de la guerra en este país que de los miles de colombianos y naciones que le apostaron a la paz. Los argumentos expuestos por el presidente pretenden traer al presente debates que se profundizaron en el Congreso de la Republica y muchos otros escenarios nacionales e internacionales y que terminaron por cerrarse en su última instancia jurídica de la Corte Constitucional. Uno entiende por dialéctica que la sociedad y por ende las normas jurídicas pueden cambiar, pero en este caso donde la Corte Constitucional hizo el cierre respectivo en todos los temas, verdaderamente se corre el riesgo de entrar en una etapa de revancha que no le conviene al país ni al mundo.
Las explicaciones de todo tipo dadas por el Gobierno para objetar estos seis artículos y de la reforma constitucional que se propondrá al Congreso, como se dice, no es para fortalecer la paz y su implementación, por el contrario deja abierto el camino para que muchos aspectos puedan ser revisados y ajustados a las concepciones y propósitos del nuevo gobierno y sus aliados, partidos que en la pasada legislatura y con el anterior gobierno compartieron el poder pero bajo el sofisma del interés nacional de forma soterrada cambian de posición. Algunos líderes y voceros políticos de los partidos, Conservador, Cambio Radical, de la U, Liberal buscan de manera oportunista y clientelista aliarse con el nuevo gobierno para dar al traste con la JEP.
La justicia transicional es un instrumento surgido en todos aquellos países donde los conflictos armados no se pudieron resolver por las vías de la violencia y optaron por llegar a unos acuerdos para zanjar las diferencias por los mecanismos legales y democráticos evitando el sufrimiento humano y los efectos devastadores de la guerra. En la solución de los conflictos armados debe primar la verdad, que dará paso a la justicia, la reparación y garantizar que actos como esos nunca más vuelvan a suceder. Pretender que la JEP se convierta en un tribunal para que la verdad sea solo la oficial o la del gobierno y castigar únicamente a uno de los actores que intervinieron en el conflicto y ojala en la cárcel es un adefesio en los términos del Acuerdo de Paz. La JEP no es un mecanismo de impunidad ni si quiera para los funcionarios públicos y terceros que también fueron determinadores de la guerra.
La sanción o no de la Ley Estatutaria de la JEP no era solo jurídica, es ante todo política y de paso para reconocer que la paz es un bien supremo de la humanidad. Esta situación pone a los sectores democráticos de los partidos políticos, a las organizaciones sociales y a la comunidad en general ad portas de la unidad más amplia para salvar a Colombia de quienes se siguen usufructuando de la guerra.
