Objeción controvertida
En una verdadera tormenta política se ha convertido la decisión del presidente, Iván Duque Márquez de objetar 6 artículos de la totalidad del Estatuto de la JEP, que coloca en una afrenta política a este Alto Tribunal, que fue creado por el Acuerdo Renegociado de Paz, para culminar su fase de implementación. Los diferentes medios de comunicación ya venían ventilando sobre las implicaciones que tendría el primer mandatario de los colombianos para vetar la norma estructural de la justicia transicional. Por tal motivo no ha sido una sorpresa para la sociedad colombiana, dada la posición férrea y radical contra ésta, que ha mantenido el movimiento político del Centro Democrático, donde milita el presidente.
Los artículos objetados están relacionados con los temas: reparación de víctimas, falta de determinación de la suspensión de procesos, determinación de los máximos responsables, la extradición, limitación de la competencia del Alto Comisionado para la Paz, no extradición de terceros. Lo anterior obedecen, porque dichos articulados producen un incentivo perverso para futuros procesos de paz que se adelanten en el futuro. El gobierno nacional anunció que las demás criticas que han realizado el Fiscal General de la Nación y el expresidente Álvaro Uribe Vélez a esta Ley Estatutaria, serán incorporadas en un Proyecto de Reforma Constitucional que se presentará en las próximas sesiones del Congreso de la República.
Todo lo anterior, empieza a generar nuevamente una polarización política en todo el país. Además, contribuye a agudizar una fractura política en la fase de implementación del Acuerdo Renegociado de Paz. El paso siguiente, se hará en el parlamento colombiano, donde el ejecutivo nacional no cuenta con las mayorías absolutas para aprobar dichas objeciones. Igualmente, la Corte Constitucional tendrá, por último, la instancia final para dirimir este entuerto jurídico presentado. Mientras el Congreso y la Corte resuelven el asunto, los tribunales de paz seguirían actuando sin mayor regulación, lo que a la vez generaría dudas sobre sus decisiones, dinamitando la legitimidad de todo el sistema de justicia transicional y creando más incertidumbre.
Consideramos que hay que defender la JEP, así existan algunos sectores políticos que se opongan a esta metodología judicial. Es importante que se continúe con este proceso para conocer y esclarecer toda la verdad de esta horrible página de la historia de la República, que generaron las más grandes violaciones de los derechos humanos y las infracciones cometidas al Derecho Internacional Humanitario, por los diferentes actores armados que participaron de esta irracional etapa que vivimos los colombianos.
