Nuestros licores

Por Luis Humberto Tovar Trujillo

Ya es usual, dentro del devenir de nuestra entidad territorial, la celebración del contrato de producción, comercialización y distribución del aguardiente Doble Anís.

Cada vez se arman unos líos hasta sin sentido técnico, entre los proponentes, y ahora, entre el Departamento y uno de los anteriores contratistas, distinto a la FLA.

Tengo entendido que la gran discusión radica en que la Fabrica antioqueña, no tiene por una sentencia del Consejo de Estado, la legitimidad jurídica, por no ser una Empresa industrial y Comercial del Departamento, y en estas condiciones no puede realizar actividades industriales y comerciales, actividad necesaria para cumplir con el objeto del contrato.

En Antioquia, en la estructura jurídica del Departamento, aparece la factoría, como una dependencia administrativa de la entidad territorial, y, en consecuencia, la personería jurídica, es decir, la facultad legal para celebrar contratos y contraer obligaciones, entendiendo que el contrato es generador de obligaciones, es el gobernador como su representante legal, quien lo celebra.

Acá se presentan otros dos temas; quien discute el proceso contractual a la FLA, no se presentó al proceso contractual, atribuye a una falta de garantías en el proceso, en otras oportunidades el quejoso, gran empresario y contratista, pero su interés no corresponde con el verdadero concepto técnico y económico del proceso contractual.

Al Departamento solo le interesan, y así debe ser, de una parte, la participación porcentual o impuesto al consumo, y de otra, muy fundamental, es la utilidad por el uso de la marca que recibe el Departamento, que en este caso ofreció una utilidad de 19.1% por encima del 18% que ofreció en el 2014 y muy por encima del 16% que ofreció el anterior contratista en el 2014; se trata del manejo y rentabilidad de un monopolio del Departamento, que redundará en beneficio de las menguadas rentas de la Entidad Territorial.

No es de buen recibo, que quien no participa en el proceso, cuestione innecesariamente el proceso, y lo coloque en tela de juicio técnica y jurídicamente, frente a la opinión pública, incluso colocando por delante el terruño.

Soy del criterio de que el Estado no debe tener monopolios y menos de licores, los monopolios son la antítesis del concepto constitucional de la economía de mercado y la libre competencia económica, y peor aún, una renta traída de la colonia, tema entre particulares como en el resto de América Latina.

Sobra advertir que la reciente ley de financiamiento, Ley 2010 de 2019, en su artículo 144, habilitó a la FLA nuevamente, contrario a la sentencia del CE, para celebrar esta clase de contratos y las entidades que hacia el futuro realicen estas actividades deberán nacer como Empresas Industriales y Comerciales del Estado.

La Industria licorera del Huila, se liquidó porque se la robaron, políticos, sindicatos, etc., no la invoquemos más.