Ni trizas ni risas y Santrich
Difíciles dilemas a los que se ve abocado en éstos días el Presidente Duque. Por una parte, tendrá que decidir si sanciona u objeta por inconveniente, total o parcialmente, la Ley Estatutaria que reglamenta el funcionamiento de la JEP; de otra parte, se resolverá de manera definitiva si Santrich será extraditado bajo los cargos de violar el Acuerdo Final por actividades de narcotráfico.
Lo curioso es que de alguna manera ambas circunstancias tienen alguna relación lo que hace más difíciles y trascendentes las decisiones que adopte.
Con relación a la sanción u objeción de la ley es evidente que durante la campaña presidencial hizo famosa la frase de NI TRIZAS NI RISAS, cuando lo exhortaban a precisar su posición respecto de la implementación del AF de paz; frase que condujo a muchos ciudadanos a entender que habría algunos aspectos esenciales sobre los que tenía serias objeciones, entre ellos, la Jurisdicción Especial de Paz como fue acordada y luego avalada por el Congreso y la Corte Constitucional, así como el resultado del NO en el plebiscito que en su criterio deslegitimó el contenido político del acuerdo.
En relación con la extradición de Santrich, la evidencia probatoria aportada por el gobierno norteamericano en el pedido de extradición la haría inevitable, si no fuera por la maliciosa interpretación que del texto respectivo se ha hecho por la Sala que interviene en el asunto, con el fin de alargar injustificadamente el procedimiento y de causarle dificultades políticas al gobierno en medio de la feroz oposición que afronta. El inaudito episodio del envío de la solicitud al gobierno gringo que se quedó varado en Panamá, ocasionado por la ineptitud de la Ministra de Justicia, constituye una clara muestra de tales intenciones.
La relación señalada atrás se evidencia en que, si se sanciona la ley, entraría a justificarse tal procedimiento dilatorio pero si se objetara, quedaría solamente el texto constitucional que no admite interpretaciones distintas a que la competencia de la JEP se agota en verificar la fecha de comisión del delito, hecho que obligaría a la JEP a no poder dilatar más el trámite de la extradición.
Ahora bien. Si el presidente sanciona la ley, despertaría airadas reacciones adversas en muchos de sus electores que no entenderían ese cambio de posición señalándolo de incoherente. Si la objeta parcial o totalmente, generaría la furia de quienes lo han sindicado de ser enemigo de la paz y obsecuente títere del uribismo.
Este segundo escenario sería sin duda el más complejo, pues la polarización ideológica y política que se ha venido incrementando alcanzaría niveles impredecibles. Lo sindicarían de hacer trizas la paz y de regresarnos a la guerra. Cobraría así sentido la decisión de Marquez, del paisa y demás disidentes; y se consolidaría la alianza estratégica con el ELN y demás organizaciones criminales que han hecho del narcotráfico y la minería ilegal, el combustible que alimentaría la nueva escalada de violencia.
En ésta hipótesis cobra enorme importancia la visita oficial al presidente Trump, dado que ya nadie puede desconocer que además del espinoso tema de Venezuela, la segunda prioridad del gobierno Duque se centra en consolidar la reinserción de los excombatientes de las farc con el fin de viabilizar su propuesta de legalidad-emprendimiento y equidad; enfrentando con decisión y sin tregua a todos los actores armados ilegales.
