NADA HAY OCULTO BAJO EL SOL
ERNESTO CARDOSO CAMACHO
La sabiduría popular ha acuñado durante muchos años diversas expresiones que han terminado siendo algo más que frases célebres, con las cuales se describen realidades humanas que se convierten en verdades históricas.
Una de las muchas conocidas se refiere precisamente a la que ilustra el título de la presente columna, la cual puede ser complementada con la que afirma que, “ el tiempo se encarga de colocar las cosas en su sitio “.
El muy publicitado caso de la investigación que la Sala Especial de Instrucción de la Corte Suprema adelantó contra el expresidente Uribe, la que terminó con detención domiciliaria y días después en perdida de competencia por su renuncia al Senado; constituye un acontecimiento que ha generado gran controversia jurídica y política.
Por una parte, por la figura descollante de Uribe en el escenario nacional y por la otra, porque su denunciado y luego presunta víctima en tal investigación, el Senador Cepeda; representa un liderazgo indiscutible en la otra orilla ideológica que se identifica con la izquierda radical que defiende a ultranza el Acuerdo de Paz, causa evidente de la fatigante polarización que viene padeciendo la sociedad colombiana.
Según reciente información divulgada a través de los medios, se ha conocido que dos de los magistrados que participaron en la investigación suscribieron jugosos contratos durante el proceso de paz con el gobierno Santos, dos años antes de ser elegidos como magistrados de la Sala de Instrucción.
Este hecho que si bien es cierto y en honor a la verdad no constituiría un impedimento legal ni una específica causal de recusación; también es cierto que ensombrece su conducta ética y moral pues en aras de la transparencia han debido manifestarlo ante sus compañeros de Sala, dado que la administración de justicia y con mayor razón en ése altísimo nivel, exige el más absoluto rigor ético y moral que termina siendo un referente obligado para la credibilidad y confianza de tan delicada misión institucional.
Al respecto es necesario recordar que existe al interior de la misma Sala Especial un precedente procesal que no debe pasar inadvertido. Se trata de la situación ocurrida con la magistrada Lombana que era ponente en ésta misma investigación y quien al ser recusada por el senador Cepeda por el hecho de haberse desempeñado como magistrada del Tribunal Militar antes de su llegada a la Corte, sus compañeros de Sala aceptaron tal recusación y en su reemplazo designaron como Ponente al magistrado REYES MEDINA, uno de los dos que hoy se sabe, suscribió jugoso contrato con el gobierno Santos en 2016, poco antes del plebiscito.
Lo que llama la atención es el argumento jurídico que expresaron en el Auto respectivo donde se precisa lo siguiente: “riñe con la preservación de las garantías de independencia, imparcialidad y juez natural señaladas en la Constitución”. Como se observa sin mayor esfuerzo intelectual, en dos circunstancias fácticas procesales muy similares, la decisión de los magistrados no tuvo coherencia ni asomo de igualdad.
Como inevitable conclusión es claro que, además de los comprobados cuestionamientos acerca de la conducta asumida por el ponente REYES MEDINA y sus 4 compañeros de Sala en la valoración de los elementos probatorios que condujeron a su decisión de ordenar la detención domiciliaria del expresidente, se suma ahora este episodio que corrobora la evidente falta de transparencia en la jurisdicción Penal de la Corte en la sagrada misión institucional de administrar justicia.
No es entonces gratuita la falta de credibilidad y confianza que en la opinión ciudadana viene generando desde hace varios años al sistema judicial Penal en Colombia. La expresión inevitable es “ …cuando la sal se corrompe….”.
