Mujeres rurales y campesinas
Por: María del Carmen Jiménez
Las mujeres rurales representan más de un tercio de la población mundial y el 43% de la mano de obra agrícola. Garantizan la seguridad alimentaria de sus poblaciones, sin embargo como lo plantea ONU Mujeres, las campesinas sufren de manera desproporcionada los múltiples aspectos de la pobreza , pese a ser tan productivas y buenas gestoras como los hombres , no disponen del mismo acceso a la tierra, créditos, materiales agrícolas, mercados o cadenas de productos de alto valor. Tampoco disfrutan de un acceso equitativo a servicios públicos, como la educación y la asistencia sanitaria, ni a infraestructuras como el agua y el saneamiento.
El pasado 15 de Octubre se conmemoró el Día Internacional de Las Mujeres Rurales, fecha establecida por las Naciones Unidas mediante resolución 62/136 para reconocer su papel decisivo en la promoción del desarrollo agrícola y la erradicación de la pobreza rural. Dicha resolución pide a los Estados Miembros que en colaboración con las Organizaciones de las Naciones Unidas y la sociedad civil, continúen esforzándose por aplicar los resultados de las conferencias y cumbres de este organismo internacional y que asignen mayor importancia al mejoramiento de la situación de las mujeres rurales en sus estrategias de desarrollo nacionales, regionales y mundiales.
Lamentablemente el 20 de noviembre de 2018 en el tercer Comité de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el cual participó el gobierno colombiano, éste, se abstuvo de firmar la Declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de las campesinas, campesinos y otras personas que trabajan en áreas rurales, situación que evidencia la falta de voluntad y reconocimiento como sujetos de derechos a esta importante población , máxime cuando esa declaración está acorde con nuestra Constitución Nacional y los desarrollos que ha hecho la jurisprudencia de la Corte Constitucional a través de sus sentencias.
En Colombia persiste la inequidad en la estructura económica que pauperiza con mayor énfasis el trabajo de las mujeres rurales. De acuerdo con el Primer Informe Sombra de Mujeres Rurales y Campesinas en Colombia, existe respaldo legislativo para las mujeres de este sector en la Ley 731 de 2002 para el ejercicio de sus derechos, pero su implementación ha sido lenta y carece de un sistema de información que permita el seguimiento y la evaluación de su alcance e impacto. En el programa Mujer Rural se evidencia bajo presupuesto para el financiamiento de acciones propias. Generalmente los recursos son invertidos en una bolsa común de oferta amplia perdiendo su especificidad y efectividad. El Ministerio de Agricultura creó el Fondo de Fomento para Mujeres Rurales- FOMMUR- el cual no cumple con su fin por cuanto el proceso de asignación de recursos se burocratizó haciendo complejo su funcionamiento.
En el segundo mandato del gobierno anterior se priorizaron dos medidas importantes: La creación de la Dirección de Mujer Rural que entró en operación en marzo de 2017 y la formulación de una Política Pública Integral para las Mujeres Rurales. Sus avances aún son incipientes. Las propuestas de muchas Organizaciones sociales hechas al actual gobierno para incorporar demandas que materialicen las leyes y los mandatos sobre las mujeres rurales relacionadas con la implementación de la Política Publica referida, el fortalecimiento institucional y técnico de la Dirección de Mujer Rural, la operatividad y reglamentación del FOMMUR entre otras fueron acogidas tangencialmente . En el plan de Desarrollo 2018-2022 se estableció la estructuración de un sistema que reordene las funciones y acciones de las entidades desde una perspectiva limitada de la seguridad alimentaria, distanciándose de un enfoque de derechos humanos, específicamente del derecho a la alimentación orientado por el Acuerdo de Paz y las directrices de la FAO.
