Minería y derechos colectivos
Germán Alfonso López Daza*
Con el objetivo de convertirse en un país próspero, competitivo y con más recursos económicos, en las últimas décadas Colombia ha viabilizado muchos proyectos en materia minero-energética. Debido a la gran cantidad de riquezas en su suelo y subsuelo y ante la necesidad de su explotación, el Estado ha creado una infraestructura normativa y administrativa para enfrentar ese enorme reto.
Sin embargo, esta actividad económica ha traído múltiples problemas de orden ambiental, social y cultural, haciéndose necesaria la revisión y ajuste del sistema y la adopción de nuevas medidas que permitan darle tratamiento adecuado. En materia ambiental, las exploraciones y explotaciones minero-energéticas se han convertido en la causa de amenazas o vulneración de derechos colectivos, especialmente el disfrute de un ambiente sano.
Las autorizaciones para la exploración dentro de grandes reservas acuíferas como el páramo de Santurban –que otorga agua a Bucaramanga- y en el Huila en la rivera del Rio Las Ceibas que provee del preciado líquido a Neiva, son la prueba que para el Estado ha sido más importante la locomotora minera y sus ganancias económicas, que las afectaciones medioambientales y los derechos colectivos de la población. Para la muestra tenemos el gran legado que dejó el Gobierno de Uribe al Huila: la catástrofe ambiental de El Quimbo.
Si bien es comprensible la preocupación del gobierno por la caida de las reservas petroleras y la disminución de importantes ingresos económicos, el miedo y rechazo que se han venido produciendo entre la población por las exploraciones mineras de todo tipo (petróleo y oro principalmente) es perfectamente explicable, siendo esto responsabilidad de nuestros gobernantes.
A pesar de las erradas decisiones gubernamentales reflejadas en permisos otorgados por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales sobre frágiles ecosistemas y la falta de seguimiento a tales permisos, el Estado debe fortalecer la protección e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y ante todo defender los derechos e intereses colectivos lo cual es mandato constitucional. (*Dir. Grupo Nuevas Visiones del Derecho – USCO).
