Mensaje inamistoso
El informe anual presentado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en la semana anterior, ha generado un ambiente de discordia al interior del gobierno nacional. Un documento de 25 páginas que da cuenta, desde la óptica de esa oficina, de la situación del país en dicho campo ha provocado una fuerte reacción del presidente Iván Duque Márquez. Los álgidos que provocaron inconformismo al interior del Estado colombiano, están relacionados con el actuar gubernamental sobre el proceso de implementación del Acuerdo Renegociado de Paz. El asesinato reiterado de los líderes sociales y la forma de respuesta al incremento de las protestas sociales que se han venido presentando durante los últimos cinco meses, ha sido considerado como una injerencia en los asuntos internos del país.
Todos conocemos la gravedad de la situación presentada y que ha desbordado la capacidad institucional del Gobierno nacional, para contrarrestar esta clase de hechos violentos que son auspiciados por los sectores de la oposición y las organizaciones subversivas que se encuentran direccionado desde Venezuela, con la anuencia del dictador Nicolás Maduro. Los Organismos de inteligencia han detectado la presencia de personas venezolanas quienes lideran las marchas, a través del vandalismo, afectando la dinámica productiva de las principales ciudades del país.
Por este motivo, debemos respaldar el accionar gubernamental del presidente Duque y de sus ministros. No podemos dejar que los grupos violentos sigan alterando el bienestar de las familias colombianas. Además, el narcotráfico y la presencia de otras organizaciones subversivas y delincuenciales en algunas regiones del país, hace necesario que el aparato armado del Estado reaccione para contrarrestar estas expresiones de violencia y de desestabilidad democrática. Es inaudito que algunos representantes diplomáticos hagan eco de la situación de violencia que afronta el país en algunas regiones.
Se consideran que estos informes en muchas ocasiones están sesgados y no se ajustan a la verdadera realidad social y política que vive nuestra nación. En particular, lo que tiene que ver con los avances en la implementación del acuerdo de paz, la débil presencia estatal en territorios críticos, precisamente en los que ha habido más asesinatos de líderes sociales, además del punto que recomienda que la Policía pase a estar bajo el control de Ministerio del Interior. De todas formas, hay que tener encuenta las estadísticas que presenta el informe. No podemos echar en saco roto lo planteado al interior de este documento presentado a las naciones Unidas. Y para ello es imperativo que el Gobierno y esta oficina de la ONU, entre muchos otros actores, trabajen de la mano.
